Por Mariano Féliz*Historiar la distribución del ingreso implica dar contenido histórico y sociológico a la determinación de los salarios (su nivel y dispersión) y la productividad laboral. Es decir, dar un fundamento social a la dinámica de las variables económicas que determinan el reparto de la riqueza social. En la Argentina, entre la Segunda Guerra Mundial y el final del segundo gobierno peronista, la batalla por la distribución fue ganada por aquellos que vivían de su trabajo. En esta etapa, con el desarrollo de su capacidad organizativa, el pueblo trabajador pudo ampliar progresivamente la apropiación de los frutos de su actividad. Entre 1943 y 1955, los salarios reales aumentaron el doble que la productividad, llevando la participación de los trabajadores en el ingreso a sus máximos históricos.
Desde el primer quinquenio de los cincuenta comenzó un proceso de avanzada de los sectores de poder que, viendo disputado su dominio, decidieron iniciar una ofensiva. El golpe del ’55 marcó el comienzo de una etapa en la cual los sectores más concentrados del capital intentaron recuperar el terreno perdido echando mano a la represión abierta del movimiento popular y a la incorporación de nuevas tecnologías. Los resultados hacia mediados de los ’70 marcaron para la gran burguesía los límites de esa estrategia. Si bien pudieron contener parcialmente el avance de los trabajadores (pues los salarios comenzaron a crecer menos que el ritmo de la productividad al tiempo que la desigualdad salarial aumentaba), estaba claro que necesitaban algo más: el descabezamiento de los sectores más movilizados del pueblo trabajador y la desarticulación de la solidaridad de clase construida durante la sustitución de importaciones.
La dictadura militar primero y luego, con otros matices e intensidad, los gobiernos electos que la sucedieron, avanzaron en el deterioro de la capacidad de trabajadores de disputar su participación en la distribución del ingreso. Hoy, a pesar del crecimiento de la economía y la productividad, los niveles de pobreza y desigualdad distributiva son inusitadamente altos y persistentes. Mientras que el ingreso por habitante es mayor que hace treinta años, la pobreza es 10 veces más elevada (alcanzando a más de 25 por ciento de la población), la desigualdad de ingresos aumentó un 50 por ciento (los ingresos del 10 por ciento más rico de la población son 28 veces mayores que el ingreso del 10 por ciento más pobre) y los salarios reales se encuentran aún 20 por ciento por debajo de los niveles de aquellos años. La participación de trabajadoras en el ingreso se redujo por debajo de los niveles de las últimas décadas en el presente modelo neodesarrollista.
Este es el resultado de la proliferación de formas de contratación precarias que dejan a millones de trabajadores desprotegidos y dificultan su organización para luchar por mejores condiciones. Los sindicatos encuentran serios problemas para articular estas diferentes figuras. En general, ni siquiera lo intentan. En este marco, muchos jóvenes trabajadores se ven forzados a navegar como pueden el circuito infernal que ofrecen las empresas de empleos temporarios. Crece la productividad laboral, la intensidad y la extensión de la explotación, pero el pueblo trabajador (disperso y desarticulado) aún busca los medios para disputar en las empresas y fuera de ellas, una mejor distribución de la riqueza.
Pero la desigualdad que resulta de la precarización puede transformarse en una fuente de conflicto cuando se politiza. El crecimiento con desigualdad, como el actual, es crecimiento con pobreza y salarios bajos. Crecimiento que no es desarrollo y conduce inevitablemente a la inestabilidad social y política.
Frente a esto, el Gobierno debería actuar sobre los elementos que fundamentan la pobreza y la desigualdad: atacando la precariedad laboral, los bajos niveles de salarios y una política fiscal y tributaria regresiva. Sin embargo, ha privilegiado otra modalidad de intervención: reprimir para aplacar el descontento de manera directa cuando judicializa la protesta social, e indirectamente a través de la intervención coactiva de sus organizaciones sindicales y políticas afines.
* Economista, docente-investigador de la Universidad Nacional de La Plata.(producido por tomas lukin pg12)
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