El diario Canalla

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domingo, 2 de julio de 2017

Por una verdadera Agencia Federal de Ingresos Públicos x Carlos Martin Torres

30 de junio de 2017
Un aporte para los pròximos diputados y senadores Nacionales espero que lean atentamente

Ya de los pactos preexistentes a la constitucionalización de la República Argentina surge la voluntad de las 14 provincias originarias de conformar un gobierno federal, a partir de la cesión de algunos de sus derechos, ejercidos soberanamente hasta entonces, transformando así sus jurisdicciones en autonomías federadas.


Aquella convicción y la sangre derramada en las luchas por una participación justa en el poder comercial y económico financiero de la nación, promovidas por los sectores dominantes al interior de cada una de ellas, llevaron al conjunto a un acuerdo en federalizar la captura y la distribución de los impuestos.


A partir de 1853 la geografía institucional del país existente por fuera de esas 14 provincias se fue organizando como territorios nacionales. (Perón luego provincializaría todos estos territorios, que serían las nuevas provincias incorporadas, la última en 1955). Va de suyo que estas no rubricaron aquellos pactos del siglo XIX. Este dato llevó a la Primera Reunión de Legisladores de la Patagonia, en Río Gallegos, Santa Cruz, a 100 días de recuperada la democracia, en marzo de 1984, a que planteáramos la necesidad de revisar esto en un nuevo pacto federal. La idea era rediscutir algunos de los derechos delegados o las modalidades en que esos derechos deberían ser ejercidos. En este caso, la cuestión impositiva. En alguna medida, más tarde, esta capacidad disminuida de las provincias nuevas fue saldada en la reforma neoliberal de la Constitución en 1994, en la que participaron todas las provincias en igualdad de condiciones.


La manda constitucional estableció que: en un plazo determinado, se discutiera una ley para establecer el acuerdo necesario entre la nación y las provincias acerca de las formas por medio de las cuales el gobierno central cumpliría con la distribución de los impuestos que se autorizó que colectara. El Poder Ejecutivo Nacional retendría un porcentaje a determinar y las provincias recibirían luego el resto, que sería distribuido entre todas las jurisdicciones, de acuerdo con una serie de pautas determinadas: poblacionales, sociales y económicas, entre otras.


Más allá de que esto no sólo no se ha cumplido, sino resulta que de los datos objetivos surge que el gobierno central ha cumplido muy mal en general con esta responsabilidad delegada. Cobra mucho, mal, a su antojo y distribuye peor. No analicemos cómo usa lo que cobra. Todo en cabeza de un organismo, pretensiosamente llamado "Agencia Federal", que, para colmo, emite cientos de resoluciones diarias, modificatorias de la legislación de fondo, que encripta y trastoca el desenvolvimiento de la administración y la actividad socioeconómica, a la que le resulta imposible seguir estos engorrosos procedimientos, contribuyendo a la burocratización del comercio y la inseguridad jurídica, lo que resulta sin dudas un negocio para los lobistas profesionales.


Lo incontrastable de lo dicho no exime de culpa a las provincias. El pueblo que se expresa democráticamente en el Congreso y tiene la potestad necesaria no ha tomado cartas en el asunto hasta ahora y debe hacerlo.


Como parte de la discusión de esta nueva etapa, en la que resulta necesaria la puesta en marcha de un nuevo pacto federal, se debe modificar el organigrama de la Agencia Federal de Ingresos Públicos para darles participación a las provincias en su conducción, mediante un proyecto de ley.


Nos aproximamos a una imprescindible reforma fiscal, en la que deberemos revisar la regresiva estructura impositiva y las formas de su administración. Y esto no puede ser realizado sin la participación activa de las provincias, en este nuevo diseño y muy especialmente en la dirección efectiva de su organización, en la que el Poder Ejecutivo Nacional deberá conservar su presidencia.


En manos de la nación toda está la manera de impedir que la mayoría de los puntos convenidos en materia fiscal firmados hasta la fecha entre el gobierno central y las provincias queden en letra muerta. Hasta ahora, tal como se comprueba históricamente, el puerto impera sobre el país. ¡Se impone un nuevo pacto federal!


A los argentinos se nos niega el progreso, porque no podemos dejar atrás la colonia contrabandista y timbera ligada al puerto de Buenos Aires. Las finanzas y el cobro de los impuestos corresponden al virrey, que se queja porque las provincias tienen muchos empleados públicos. Qué ironía.


Federalicemos las finanzas y el crédito, la cobranza de impuestos y su mejor distribución y otro gallo cantará.


El autor es diputado nacional (M.C.) y ex gobernador fueguino.

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