10:13 | El abogado de los alumnos de los profesorados de la UTN Francisco Giménez advirtió que el gobierno no puede desobedecer el fallo de segunda instancia, que ordena dar marcha atrás con el pase compulsivo al IPES. Alumnos y profesores deberán volver a la UTN y la superestructura quedaría “llena de funcionarios”, observó. De no acatar la medida cautelar, adelantó que Ríos y los funcionarios de Educación se exponen a multas y una denuncia penal por desobediencia a una orden judicial. Pidió la cabeza de la ministro Del Corro y de la profesora María Elena Ventura, por el perjuicio causado a los alumnos
“EL IPES quedará vacío de alumnos y lleno de funcionarios”, señaló el abogado Francisco Giménez por FM La Isla, luego del nuevo revés judicial contra el gobierno por la creación del IPES y el pase compulsivo de los estudiantes de la UTN.
El abogado se mostró satisfecho porque “los estudiantes van a poder volver a su lugar de origen, a un instituto que estaba funcionando normalmente y con todo en regla”, y pidió que “esto se normalice de la forma más rápida posible”.
Respecto de los plazos para que el gobierno cumpla la medida, dijo que “es inmediato”.
“Estaremos notificando al Estado provincial el lunes y vamos a pedir que se notifique en forma personal la Gobernadora y la Ministro de Educación. Esto se tiene que instrumentar en forma inmediata. La resolución se tiene que empezar a cumplir ni bien son notificados”, subrayó.
Jiménez aclaró que en principio el fallo de la Cámara de Apelaciones alcanza a los siete alumnos que iniciaron las acciones judiciales, comenzando por una medida cautelar y con la posibilidad de avanzar por ‘daño moral y perjuicios’, a partir de que el gobierno les hizo perder más de un semestre de clases.
“En principio la resolución salió a favor de siete alumnos de los institutos de la UTN. Por una estrategia legal se decidió esperar el resultado de este amparo y después adherir al resto de los estudiantes. Hoy se realiza una reunión para ver los pasos a seguir, y si todos los estudiantes adhieren a esta medida cautelar y piden a la justicia que también los contemple, el IPES quedaría absolutamente vaciado. Sería el primer coletazo del fallo, porque quedaría vacío de alumnos y lleno de funcionarios”, graficó Giménez.
En caso de que existan alumnos del IPES que quieran permanecer allí, las respuestas las deberán pedir a los funcionarios del gobierno, que decidió la creación compulsiva. “Hay que sostener a ese monstruo que hoy le cuesta al Estado más de veinte millones de pesos cuando en la UTN funcionaba con alrededor de tres millones de pesos al año. Lo que puede llegar a pasar es que ahora todo cueste cuarenta, porque hay que volver toda la estructura administrativa a la UTN; es engorroso y hay que devolver los profesores a la UTN; no sé qué van a hacer con el bibliotecario que nombraron en el IPES, que no tenía biblioteca. Hay una gran cantidad de funcionarios que quedarían sin ningún tipo de actividad y no creo que sean bien recibidos en la UTN porque son funcionarios nombrados recientemente. No creo que los manden a la UTN y tendrá que resolver su situación con el ministerio de Educación”, sostuvo.
Con respecto a si mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Educación, el abogado remarcó que “antes de iniciar cualquier tipo de acción judicial les dije que esto iba a pasar”.
Lamentablemente no fue escuchado y es parte de las razones por las que el abogado pide la renuncia de los responsables.
“Hoy tenemos la medida judicial, ahora que se junten para organizar la vuelta de los chicos a la UTN, que es irreversible por ser un fallo de segunda instancia, inapelable para el Estado provincial”, sentenció.
Sin embargo observó que con estos funcionarios no es posible el diálogo para acordar la transición, por lo menos de parte de los alumnos que representa, porque “han mentido, les han faltado el respeto a los padres, a los alumnos, han maltratado a los alumnos, han dicho cosas que no eran ciertas por los medios, creo que no hay posibilidad de que esta gente se siente a conversar, aunque está en la UTN si se quier sentar”, barajó.
“Lo que espero es una decisión política de la gobernadora tomando cartas en el asunto para que haya otro tipo de conducción y otro tipo de gente que negocie la transición y la vuelta de los alumnos. Es engorroso, complejo”, reiteró, puesto que “hay gente que ha perdido un semestre y no sé si van a crear mesas libres, cómo van a retomar la cursada, porque no creo que la gente de la UTN les reconozca lo cursado cuando es un instituto que ni siquiera tenía una acreditación a nivel nacional de validez de sus títulos. En su momento dije que si la profesora Ventura y la Ministro mostraban las resoluciones sobre la validez de los títulos, yo públicamente les pedía disculpas y le decía a los chicos que vayan a estudiar al IPES. Eso no ocurrió porque no existen. Estos irresponsables ni siquiera iniciaron el trámite –aseveró-. Estamos manejados por unos intrépidos, por unos temerarios. Hacen lo que hacen porque no le tienen miedo a nada. Esta gente no puede seguir conduciendo el ministerio de Educación de la provincia”, insistió Giménez.
En caso de demoras o incumplimiento de la orden judicial, ya está decidido solicitar multas diarias “sobre los sueldos de los funcionarios responsables incluido el gobernador, y llegado el caso llegar a una denuncia penal por el delito de desobediencia a una orden judicial”, dijo, como también que “no tienen otra alternativa de cumplir este fallo. Lo que pido es que se haga lo más rápido y de la forma más organizada posible”.
Por último, y si bien reconoció que es facultad de la gobernadora designar y sostener a sus funcionarios, explicó que en este caso Del Corro y Ventura se tienen que ir “porque le hicieron cometer este terrible error de política educativa que le ha trastornado la vida a miles de estudiantes en la provincia. La respuesta tiene que ser esa porque no puede ser que sigan conduciendo los destinos de la educación de Tierra del Fuego”.
El abogado se mostró satisfecho porque “los estudiantes van a poder volver a su lugar de origen, a un instituto que estaba funcionando normalmente y con todo en regla”, y pidió que “esto se normalice de la forma más rápida posible”.
Respecto de los plazos para que el gobierno cumpla la medida, dijo que “es inmediato”.
“Estaremos notificando al Estado provincial el lunes y vamos a pedir que se notifique en forma personal la Gobernadora y la Ministro de Educación. Esto se tiene que instrumentar en forma inmediata. La resolución se tiene que empezar a cumplir ni bien son notificados”, subrayó.
Jiménez aclaró que en principio el fallo de la Cámara de Apelaciones alcanza a los siete alumnos que iniciaron las acciones judiciales, comenzando por una medida cautelar y con la posibilidad de avanzar por ‘daño moral y perjuicios’, a partir de que el gobierno les hizo perder más de un semestre de clases.
“En principio la resolución salió a favor de siete alumnos de los institutos de la UTN. Por una estrategia legal se decidió esperar el resultado de este amparo y después adherir al resto de los estudiantes. Hoy se realiza una reunión para ver los pasos a seguir, y si todos los estudiantes adhieren a esta medida cautelar y piden a la justicia que también los contemple, el IPES quedaría absolutamente vaciado. Sería el primer coletazo del fallo, porque quedaría vacío de alumnos y lleno de funcionarios”, graficó Giménez.
En caso de que existan alumnos del IPES que quieran permanecer allí, las respuestas las deberán pedir a los funcionarios del gobierno, que decidió la creación compulsiva. “Hay que sostener a ese monstruo que hoy le cuesta al Estado más de veinte millones de pesos cuando en la UTN funcionaba con alrededor de tres millones de pesos al año. Lo que puede llegar a pasar es que ahora todo cueste cuarenta, porque hay que volver toda la estructura administrativa a la UTN; es engorroso y hay que devolver los profesores a la UTN; no sé qué van a hacer con el bibliotecario que nombraron en el IPES, que no tenía biblioteca. Hay una gran cantidad de funcionarios que quedarían sin ningún tipo de actividad y no creo que sean bien recibidos en la UTN porque son funcionarios nombrados recientemente. No creo que los manden a la UTN y tendrá que resolver su situación con el ministerio de Educación”, sostuvo.
Con respecto a si mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Educación, el abogado remarcó que “antes de iniciar cualquier tipo de acción judicial les dije que esto iba a pasar”.
Lamentablemente no fue escuchado y es parte de las razones por las que el abogado pide la renuncia de los responsables.
“Hoy tenemos la medida judicial, ahora que se junten para organizar la vuelta de los chicos a la UTN, que es irreversible por ser un fallo de segunda instancia, inapelable para el Estado provincial”, sentenció.
Sin embargo observó que con estos funcionarios no es posible el diálogo para acordar la transición, por lo menos de parte de los alumnos que representa, porque “han mentido, les han faltado el respeto a los padres, a los alumnos, han maltratado a los alumnos, han dicho cosas que no eran ciertas por los medios, creo que no hay posibilidad de que esta gente se siente a conversar, aunque está en la UTN si se quier sentar”, barajó.
“Lo que espero es una decisión política de la gobernadora tomando cartas en el asunto para que haya otro tipo de conducción y otro tipo de gente que negocie la transición y la vuelta de los alumnos. Es engorroso, complejo”, reiteró, puesto que “hay gente que ha perdido un semestre y no sé si van a crear mesas libres, cómo van a retomar la cursada, porque no creo que la gente de la UTN les reconozca lo cursado cuando es un instituto que ni siquiera tenía una acreditación a nivel nacional de validez de sus títulos. En su momento dije que si la profesora Ventura y la Ministro mostraban las resoluciones sobre la validez de los títulos, yo públicamente les pedía disculpas y le decía a los chicos que vayan a estudiar al IPES. Eso no ocurrió porque no existen. Estos irresponsables ni siquiera iniciaron el trámite –aseveró-. Estamos manejados por unos intrépidos, por unos temerarios. Hacen lo que hacen porque no le tienen miedo a nada. Esta gente no puede seguir conduciendo el ministerio de Educación de la provincia”, insistió Giménez.
En caso de demoras o incumplimiento de la orden judicial, ya está decidido solicitar multas diarias “sobre los sueldos de los funcionarios responsables incluido el gobernador, y llegado el caso llegar a una denuncia penal por el delito de desobediencia a una orden judicial”, dijo, como también que “no tienen otra alternativa de cumplir este fallo. Lo que pido es que se haga lo más rápido y de la forma más organizada posible”.
Por último, y si bien reconoció que es facultad de la gobernadora designar y sostener a sus funcionarios, explicó que en este caso Del Corro y Ventura se tienen que ir “porque le hicieron cometer este terrible error de política educativa que le ha trastornado la vida a miles de estudiantes en la provincia. La respuesta tiene que ser esa porque no puede ser que sigan conduciendo los destinos de la educación de Tierra del Fuego”.
Habíamos adelantado que era peligroso lo que hacía el gobierno en materia de educación atacando a la universidad,ahora quien se hace responsabledel semestre caído por los alumnos, y los que se fueron y deben volver,,coj todo lo que implica,revanchismos,venganzas,maltrato psicologico etc,etc,..Quien se hace responsable de todo ésto?..Mientras tanto el silencio desde el gobierno es peligroso por que no tiene idea de por donde apuntar..Curiosamente los medios lamebotas de la gobernadora ni una coma de semejante desaguisado por lo peligroso y costoso queresulta para las arcas de la provincia.Lamentable pero alguien tiene que salir a dar la cara...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario