Clarín ocupa los estudios de Canal 13 hace 16 años y Macri lo protege

Hace más de un año que el macrismo dilata un simple trámite burocrático
Por Hernán Cocchi
El gobierno porteño frena la escrituración de los terrenos que pertenecen al Estado Nacional, ubicados en el barrio de Constitución. Gracias a un decreto del menemismo, el grupo monopólico usa gratis el edificio desde marzo de 1995.

Canal 13 ocupa un terreno público y Mauricio Macri lo protege. Hace más de un año, el gobierno porteño retrasa en beneficio del Grupo Clarín la escrituración del predio donde funcionan los estudios centrales de la señal privatizada en 1989 y de Todo Noticias. Gracias al ex secretario de Medios del gobierno de Carlos Menem, Guillermo Seita, el grupo monopólico utiliza desde 1995 los 2792 metros cuadrados sin pagar un solo peso de alquiler. Los terrenos pertenecen a la Nación, pero nunca fueron escriturados, un requisito imprescindible para transferirlo a un privado. El derrotero del trámite comenzó en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, luego fue girado a la Secretaría Legal y Técnica, que lo remitió a la Procuración General a cargo de Ramiro Monner Sans. En la Casa Rosada afirman que el funcionario “tiene pisado” el expediente. Por su parte, Monner Sans dijo a Tiempo Argentino que “fue devuelto hace más de seis meses al organismo que lo envió”. En concreto, la escritura nunca se firmó y Canal 13 continúa como un “ocupa” en Constitución.

La historia comenzó durante la última dictadura militar. En 1978, el brigadier Osvaldo Cacciatore –el represor que tuvo a su cargo la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires– lanzó el Plan de Autopistas Urbanas. El 6 de diciembre de 1980, la Autopista 25 de Mayo fue inaugurada con bombos y platillos. El progreso había llegado, pero ese “progreso” tiene sus costos: deuda externa, sobreprecios y familias desalojadas. El trazado implicaba expropiar terrenos en los que estaban construidas viviendas particulares y varios predios pertenecientes al Estado. En compensación, la municipalidad le cedió algunos lotes al gobierno nacional.

En plena vorágine privatizadora, el Grupo Clarín se quedó en 1989 con el canal y sus estudios. El pliego entregaba en comodato el terreno por cinco años con opción de compra. El 7 de octubre de 1994, ARTEAR (la empresa del multimedios que gestiona la licencia de Canal 13) comunicó al Estado su voluntad de conocer el valor del inmueble. Entonces, el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Tribunal de Tasaciones establecieron que la propiedad costaba $ 2.100.000. Para Magnetto, el precio fue muy alto y ordenó a sus abogados impugnar la tasación realizada por los organismos oficiales. El procedimiento se repitió en varias oportunidades: se valuaban los terrenos y la empresa rechazaba el valor.

El beneficio para el multimedios es millonario. Según especialistas en el mercado inmobiliario, el alquiler de un terreno limpio (esto significa que no está contemplado el edificio construido) en esa zona, ronda los 30 pesos por metro cuadrado. Los números son abrumadores: $ 83.760 por mes, $ 1.005.120 por año y $ 12.061.440 desde marzo de 1995. Vale reiterar la aclaración: los valores son por el terreno, sin contemplar el edificio que ya había sido construido antes de la privatización.

El 12 de noviembre de 2009 a las 14, los representantes de ARTEAR debían presentarse en la Escribanía General del gobierno de la Nación para hacer efectiva la opción de compra de los terrenos de Cochabamba 1185. Pero un simple trámite burocrático entre la Ciudad y la Nación frenó la operación.

El “comodato con opción de compra” venció el 12 de enero de 1995, pero gracias a una resolución de la Secretaría de Medios del menemismo el multimedios cuenta con el extraño beneficio de usar gratuitamente un predio valuado el 16 de septiembre de 2009 en $ 14.740.000. Las nuevas condiciones eran por demás laxas: la resolución firmada por Seita estableció una prórroga del comodato “hasta que culmine el trámite de opción”, lo que implicaba que hasta que el Estado llegue a un acuerdo con ARTEAR, la empresa seguiría ocupando el inmueble.

El 2 de diciembre de 2009, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, envió una nota a Mauricio Macri en la que se lo intimaba a acelerar el trámite de escrituración pendiente desde 1978, pero el jefe de gobierno respondió que se tomaría su tiempo.