El diario Canalla

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viernes, 9 de octubre de 2009

Memoria Fabiana versus Memoria Gobernadora Fabiana

Dirigentes del gremio estatales cuestionaron que el Gobierno no solo no cumplió con la sentencia del juez laboral Guillermo Penza que obligó a la devolución de los descuentos salariales, si no que el Ejecutivo realizó nuevas deducciones en los sueldos de mayo a un importante número de trabajadores que participaron del quite de colaboración. Afirmaron que la gestión Ríos "pretende quebrar la voluntad de los empleados". Informaron que volvieron a presentar un recurso de amparo ante la Justicia ante la insistencia en los descuentos
(18/09/2009) RÍO GRANDE.- La gobernadora Fabiana Ríos anunció ayer que el Ejecutivo provincial apelará el fallo dictado por la jueza Adriana Rapossi que lo condena a pagar a los empleados estatales el adicional Recuperación del Poder Adquisitivo Salarial (REPAS), correspondiente al periodo enero 2004/enero2006.
Por otra parte, la resolución de la jueza rechazó el planteo de inconstitucionalidad que interpuso el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, en representación del Estado provincial.
Cabe recordar que el REPAS fue establecido durante el último período de la gestión de Carlos Manfredotti y consiste en un adicional remunerativo y bonificable de 150 pesos, para compensar el recorte salarial que sufrieron los empleados estatales durante la gobernación de José Estabillo. Finalmente, fue dejado sin efecto por el ex gobernador Jorge Colazo.
Ríos sostuvo que "no fuimos formalmente notificados, sino que nos enteramos por los medios", por lo cual "una vez conocidos los fundamentos del fallo trabajarán los abogados en la apelación".
Asimismo, indicó que "como se trata de la primera instancia, estamos prácticamente obligados a apelar. Fui informada por el ministro de Gobierno y este fallo será apelado porque es de primera instancia".
La judicialización del reclamo del pago del adicional fue motorizado por el ex secretario general de ATE, Jorge Portel -afín a Ríos-, y paradójicamente con la asesoría del actual secretario de Legal y Técnica del Gobierno, Eduardo Olivero. En definitiva, un boomerang pára el Gobierno

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