viernes, 8 de febrero de 2008

EL INFORMADOR PÚBLICO

en provincia 23 (link en titulo)
Ayer, en varias emisoras radiales, De la Riva (FOTO)explicó como llegó a sus manos ese sobre, cuyo contenido aseguró es documentación “original y oficial”, y el contexto de su reaparición mediática.
Los expedientes fueron presentados ante el juzgado del Dr. Ochoa, habrían desaparecido del Fondo Residual y con ellos la prueba para exigir un monto mayor al que se terminó acordando con la empresa.

Labramos un acta, donde ponía a consideración de la justicia esa documentación que no pertenecía al estudio, que la habían dejado manos anónimas por debajo de la puerta. Esa documentación fue adjuntada a una denuncia penal que hizo la Dra. Herráez, que también se adjuntó a una denuncia penal que habían hecho los legisladores (Manuel) Raimbault y (José) Martínez”, relató.
La aparición se hizo pública, y a partir de allí el abogado dijo haber continuado recibiendo en su correo electrónico más información de una persona “que en realidad no es anónima, porque dice llamarse Juan Carlos Doniceti”, precisó, si bien la identidad no fue corroborada.
“Solamente he tenido contacto con él a través del correo electrónico”, aclaró respecto del informante, pero poco después existió una comunicación “a mi celular a través de un número que no estaba identificado, manifestándome que si tenía interés en recibir toda la documentación de la carpeta de crédito de la empresa Cóccaro tenía que viajar a Buenos Aires”, dijo De la Riva.

La intervención del gobierno

Según el abogado con esta última invitación inicia la intervención del gobierno. “Ante el tenor de la documentación que me enviaron, la imprimí en mi oficina, pedí una audiencia con la Sra. Gobernadora manifestándole lo que estaba ocurriendo, que tenían más documentación y que se me haría entrega en Buenos Aires. Solicité una cobertura oficial para el caso de que fuera cierto que esa documentación existiera, por supuesto la Sra. Gobernadora se mostró inmediatamente dispuesta a que la provincia pueda hacerse de esta documentación, se me derivó al ministro Aramburu, también tuve contactos con el senador Martínez y el legislador Raimbault, y hace 48 horas por Correo Argentino llegó un paquete voluminoso que constaba más o menos de 400 fojas”, agregó.
La referencia trae las novedades al pasado martes, cuando el abogado recibió “toda una carpeta en original con la documentación de la empresa Cóccaro, la solicitud de apertura de una cuenta corriente y una serie de solicitudes, donde estaban las autorizaciones para el giro en descubierto por una suma superior al millón de dólares o pesos”, indicó.
El primer paso fue llamar al legislador Raimbault, quien se trasladó de Ushuaia a Río Grande, y a quien le hizo entrega en su estudio del ‘paquete’, considerando que la situación le “excedía por la importancia y las eventuales consecuencias que pueda tener”, dijo.
El abogado apuntó que pretendía que la presentación ante el juzgado la hiciera “directamente el gobierno”, por lo cual “se labró un acta en Casa de Gobierno, y después –por el miércoles- el Dr. Aramburu se presentó ante el Dr. Ochoa. Presentó toda esta carpeta y veremos qué dice la justicia, pero impresiona que semejante documentación oficial y original haya estado tanto tiempo desaparecida”, subrayó.

El origen

Consultado sobre el sector del que puede provenir esa documentación, dijo desconocerlo, como también “por qué me eligieron a mí como correveidile”, se autodefinió.
Estimó que quien tenía la documentación “habrá confiado en que si me la acercaban a mí iba a hacer lo que tenía que hacer, que era presentarla a la justicia”, que será ahora la encargada de esclarecer –o no- la cuestión.
De la Riva asumió su perfil al agregar que tal vez lo eligieron “porque iba a tener un fuerte impacto mediático y seguramente el que tenía esta documentación evidentemente debe tener alguna cuenta pendiente con esta empresa. Esa conjetura no estoy en condiciones de hacerla, pero seguramente me eligieron por algo”, apuntó.

En problemas

Las declaraciones de De la Riva no se agotaron en el relato, puesto que dedicó un buen párrafo a plantear abiertamente qué justicia queda encargada de llevar adelante la investigación sobre esta documentación entregada.
En particular marcó sus “reparos” y “reserva” respecto del juez Héctor Ochoa y en general hacia el poder judicial fueguino.
“Es un poder judicial que no está a tono con las circunstancias que vive la provincia y poco esfuerzo hace para esclarecer los hechos de corrupción”, aseguró, señalando que “trabajan muy poco”, y citando como ejemplo que “tienen 60 días de vacaciones, no aportan ni siquiera al sistema provisional de la provincia porque tienen OSDE, no son funcionarios públicos sino magistrados, y no ven un elefante dentro de un baño”.
“Esta documentación en manos de Ochoa, uno no sabe lo que puede pasar –avanzó-. Ochoa tuvo que investigar a Colazo por enriquecimiento ilícito y se le escapó de la pecera. Es el mismo que tuvo que investigar a (Rubén) Sciutto por nombramientos irregulares y se le escapó; es el mismo que tendría que estar investigando a (Damián) Löffler y (Roberto) Frate por las designaciones truchas, y los desarraigos truchos. Este poder judicial raquítico difícilmente pueda llegar al fondo de la verdad, pero uno hace el aporte que puede, como ciudadano”, dijo con resignación.

Algunas comparaciones

Sin grandes expectativas por los resultados, el abogado comparó la actuación judicial y del Fondo Residual en otros casos. “Cualquier hijo de vecino que estuvo en el Fondo Residual sabe que a la gente común, al que no le remataron la casa le remataron el auto. Cóccaro estaba a la cabeza con 20 millones de dólares, luego hacen una acción declarativa de lo más trucha, con el patrocinio de otros colegas, y con la justicia que mira para otro lado. El contador Lanza dice que con la documentación respaldatoria no deben 20 millones de pesos/dólares más intereses, sino que deben un millón de pesos nada más, y todavía Cóccaro pide pagarlo en cuotas”, recordó.
Sin embargo consideró intolerable que esto se mantenga en el tiempo: “Si la justicia no se deja de joder, realmente hay que llamar a una consulta popular y bajarles el copete –propuso- porque uno los ve cómo se pavonean, caminando como si estuvieran en otro mundo. La provincia está así por culpa de este poder judicial raquítico que tenemos”, responsabilizó.
Observó que “se viven tiempos de cambio, la justicia tiene que entender que forma parte de una sociedad y ella misma tiene que hacer sus propios cambios. Es la justicia que debe dar muestras sobre todo que está comprometida con la sociedad”, subrayó, preguntándose si “se alcanza a comprender la desigualdad que tenemos los ciudadanos con este poder judicial de mierda que tenemos”.
Pesimista, barajó que la cuestión termine con una investigación hacia su persona “por posible encubridor de una sustracción de documento público. Es tan pusilánime este poder judicial que en vez de investigar el hecho tal vez se ponen a investigar al cartero”, dijo.

Mensaje a la Legislatura

Por último De la Riva envió un mensaje a los legisladores de la oposición. Expresó su deseo de que al gobierno “le vaya bien más allá de las diferencias que me llevaron a desafiliarme del ARI”, porque consideró que “el único gobierno que tiene posibilidades de erradicar de raíz la corrupción”.
“Hoy el que no apoye a este gobierno, que ha tomado una clara iniciativa de lucha contra la corrupción, evidentemente está en la vereda de enfrente, y hay que decirle a esos, sobre todo a estos nueve legisladores que ahora se han amotinado para evitar el cambio, que mal que les pese, en poco tiempo más, estos tipos que están tratando deliberadamente de perjudicar la transformación que necesita Tierra del Fuego, van a quedar como simples personajes tristes de la política. Este cambio no se va a parar. Los que dicen que el ARI sólo sirve para hacer denuncias, estas denuncias sirven para la transformación del Estado, y yo quiero que esta corrupción asquerosa termine, con nombre y apellido”, concluyó

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