lunes, 31 de agosto de 2009

Inédito fallo judicial: el Superior Tribunal avaló las cámaras ocultas y confirmó la condena contra Wolaniuk

Aunque creemos que fue un regalito de la justicia para proteger la impunidad poliitica en lo que hace a enriquecimiento ilicito,coimas de estos personajes que los hay y variados en la provincia fueguina,es al menos necesario citar la noticia de un fallo inedito de la Justicia "Marmota" que supimos conseguir..Como tambien se lo dedicamos a JORGE "TSUNAMI "GARRAMUÑO,¿ex=intendente?ya que fue su hombre de confianza como Ministro de Obras Publicas en la gestion Estabillo,durante 10 años,y otros diez en la Municipalidad de Ushuaia,como secretario de Gobierno y Como Concejal,aun este fallo no se ordena investigar el enriquecimiento mas que sospechoso de la clase politica fueguina,inclusode la Holgada Vida economica del nombrado Wolaniuk,salvo hecho destacable si los hay,que ademas aducen no poseer fondos para solventar abogados privados y que soliciten auxilio el defensor publico que con un gusto excesivo en la defensa de politicos fueguinos ostentan nuestros defensores publicos.En fin es lo que hay,para los demas la justicia es abonar que trabajan ,con abundante provision de "chivos expiatorios",a efectos de mostrar una cara saludable de una justicia que hace agua por todos lados y que no puede ocultar su vinculo extramatrimonial con la politica..

Inédito fallo judicial: el Superior Tribunal avaló las cámaras ocultas y confirmó la condena contra Wolaniuk

31/08/2009 | Los jueces de la Corte Provincial confirmaron la condena de 3 años de prisión en suspenso contra el ex concejal del MPF, Pablo Wolaniuk por el delito de concusión. Pero además confirmó la validez de las cámaras ocultas como prueba cuando una persona víctima del delito la utiliza como medio tecnológico para probar ante la justicia la conducta ilícita del denunciado. Además en el caso particular, el STJ consideró que no se violaron las garantías constitucionales. El ex edil había sido filmado en 2007 por un integrante de la Cooperativa Magui-Mar cuando le exigía 18 mil pesos en su despacho del Concejo Deliberante para habilitar pagos a la empresa que tramitaban ante el municipio de Ushuaia

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini y Gonzalo Sagastume, confirmaron la condena que el 13 de febrero de este año el Tribunal de Juicio de Ushuaia le impuso al ex concejal del MPF Pablo Alberto Wolaniuk por haberle pedido 18 mil pesos a representantes de la Cooperativa “Magui-Mar”. De esta manera el Alto Tribunal decidió mantener los 3 años de prisión en suspenso y los 4 de inhabilitación que le fueron impuestos en el juicio oral desarrollado a comienzos del corriente año.

No obstante lo más valioso de la sentencia y que podría sentar precedentes de cara al futuro, es que el Superior Tribunal de Justicia avaló como elemento de prueba los registros fílmicos y de audio devenidos de la utilización de cámaras ocultas por parte de los denunciantes para probar la conducta denunciada.

La defensa de Wolaniuk planteó la nulidad de las filmaciones ya que las mismas implicaron según el doctor Gustavo Ariznabarretta una violación del artículo 18 de la Constitución Nacional. Para el letrado oficial “… las manifestaciones verbales vertidas por Wolaniuk en el marco de las conversaciones mantenidas con García y Palacios, grabadas y videofilmadas de manera clandestina por estos, no se han producido en un marco de debida libertad por parte de éste”.

En base al artículo 18 de la Constitución Nacional se menciona que “la protección que confiere el articulo 18 de la CN., es la siguiente: cualquier declaración que se efectúe contra uno mismo, para ser válida en el marco del juicio criminal, debe hacérselas libremente; y no actúa con libertad quien es objeto de engaño, de modo que a través de ello culmina autoincriminándose”.

El Superior Tribunal sostuvo que “las filmaciones y las grabaciones aportadas por las víctimas al juzgado de instrucción constituyen – en esencia – prueba documental que debe ser evaluada por el tribunal de acuerdo a las reglas valorativas que rigen el proceso penal”. Para respaldar dicha acción citó jurisprudencia de la Cámara Nacional Criminal y correccional, sala 7, en el caso “Goldman” de 2005.

En este sentido dicha cámara sostuvo que “las grabaciones constituyen prueba documental, validas, no sólo de sonido sino de imagen, en la medida en que sencillamente se trata de documentación de un soporte audiovisual de un hecho histórico acaecido, en el marco del criterio de no taxatividad de los medios de prueba”.

Los fundamentos

La jueza Battaini sostuvo en su voto: “a mi juicio, el uso de estos medios tecnológicos no representan la existencia de coacción o engaño, que invalide las manifestaciones efectuadas por el imputado. Ello así, toda vez que aún cuando pueda decirse que fueron García y Palacio (directivos de Magui-Mar) los que propusieron a Wolaniuk hablar sobre los pagos que debían realizar, no es menos cierto que el imputado hizo mención – libre y voluntariamente – a los pagos que les exigía. De este modo, las víctimas se limitaron a registrar por los medios que tenían a su alcance las circunstancias vividas, sin inducir al enjuiciado a cometer el delito que se le atribuye”.

Agrega además la sentenciante que “no puede considerarse que la realización de las filmaciones y grabaciones cuestionadas fuera del marco de una investigación judicial lleve linealmente a concluir que se avasalló el derecho del imputado de permanecer en silencio o de declarar ante el juez competente”.

Considera además que con ello “tampoco se avasalla el derecho a la intimidad del imputado. Las conversaciones filmadas y grabadas se llevaron a cabo en el derspacho del funcionario público, lo que no constituye un ámbito íntimo. Por otra parte, el propio Wolaniuk reconoció que la suma dineraria peticionada correspondía a aportes que García y Palacios debían hacer al partido político al que pertenecían los tres, tema que – como correctamente señala el señor Fiscal ante este Tribunal – tampoco pertenece al ámbito íntimo de la vida del enjuiciado”.

Desde ese punto de vista Battaini sostuvo que “la filmación y las grabaciones constituyen elementos que fueron aportados por las víctimas del delito que el tribunal (juzgador) no podía eludir en su ponderación”.

En definitiva, las filmaciones y grabaciones incorporadas al proceso no avasallan derechos constitucionales y garantías consagrados constitucionalmente. Por ello, no puede ser excluidas” de la prueba.

Por último la jueza Battainia, menciona que “su contenido debe ser analizado rigurosamente a fin de evaluar en qué grado respaldan los dichos de las víctimas, respecto de lo acontecido en la reunión mantenida con Wolaniuk. Serán, pues, las reglas de la sana crítica las que definan su valor probatorio en la formación de la convicción del sentenciante”.

La fundamentación de Battaini fue compartida plenamente por el juez Gonzalo Sagastume y por el camarista Francisco De la Torre, y de alguna manera ratificaron la decisión del Tribunal de Juicio de Ushuaia que juzgó a Wolaniuk y terminó condenándolo, debido a que desde primera mano habia avalado los registros fílmicos como prueba válida.

Fuente: Reporte Austral

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