viernes, 21 de noviembre de 2008

Más que privatización, un negociado


Después de 18 años de idas y vueltas judiciales, la Cámara Federal sentenció que el traspaso de la aerolínea de bandera a manos privadas fue ilegal. Se llama a indagatoria a Menem y Cavallo, acusados de peculado, y a empresarios por defraudación

Por Irina Hauser

A 18 años de la privatización de Aerolíneas Argentinas y en medio del avance del Gobierno para lograr su expropiación, la Sala I de la Cámara Federal dictó un fallo que sería extemporáneo de no ser por la actual puja con los accionistas de la compañía. El tribunal sostuvo que la venta de la empresa estatal fue ilegal desde sus inicios y ordenó que sean indagados Carlos Menem y Domingo Cavallo. Los considera responsables de un proceso viciado, “planificado y ejecutado en condiciones lesivas” para el Estado que tuvo como objetivo “sustraer bienes que conformaban el patrimonio” público. Según los jueces, existen pruebas de sobra para responsabilizar a ambos del delito de peculado, que prevé hasta diez años de cárcel, al igual que a los empresarios que se beneficiaron con la operación, entre ellos Enrique Pescarmona, también acusados de defraudación. El fallo le da al Poder Ejecutivo una herramienta jurídica importante en su pulseada con el grupo Marsans.

La resolución divide a la privatización en dos grandes etapas: la del traspaso de la aerolínea impulsado por decretos del Poder Ejecutivo y los primeros años de gestión (1989 a 1994) y la de las maniobras de vaciamiento por parte de privados –encabezados por Iberia– cuando el Estado ya había renunciado a su poder de veto y perdió toda injerencia en el directorio (hasta 1997). Según los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, en la fase inicial se concretó el peculado y en la segunda la defraudación a la administración pública. Pero también señalan que el nuevo juez deberá definir si también hubo cohecho (sobornos) –hay un pago de 78 millones de dólares que nunca tuvo justificación contable– y asociación ilícita.

El tribunal asegura que “un grupo de funcionarios” actuó “de acuerdo a una división de tareas previamente establecida y con la necesaria colaboración de particulares”. “Sustrajeron –agrega– bienes de carácter público, provocando un inmenso perjuicio al Estado.” No sólo aluden al ex presidente Menem y a Cavallo, como ex ministro de Economía, sino también a Roberto Dromi, arquitecto de las privatizaciones del Ministerio de Obras Públicas, y a los ex ministros Erman González y Julio Mera Figueroa. Pero la causa penal es tan vieja que para Dromi caducó, mientras que González y Mera Figueroa fallecieron. Al dúo Menem-Cavallo, los largos años en el poder le juegan en contra porque interrumpen el conteo de la prescripción.


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