Un recurso de amparo le permitió a Juan Carlos Alvarez seguir ocupando la casa donde vive con ocho de sus once hijos. Ahora querelló al jefe de Gobierno por “amenazas coactivas agravadas”, ya que quiso revocar la decisión de su antecesor Ibarra sin orden judicial.
Por Adriana Meyer
Juan Carlos Alvarez trabajaba como barrendero para Manliba cuando a pocos metros explotó la AMIA. Estuvo varios meses en coma y cuando despertó no tenía trabajo, ni vivienda, ni indemnización. El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra le otorgó un lugar para vivir, pero el actual titular del Ejecutivo local, Mauricio Macri, intentó desalojarlo. Alvarez se pudo quedar en el inmueble por un amparo, pero ahora quiere querellar a Macri por el delito de “amenazas coactivas agravadas”, porque dispuso el operativo sin una orden de la Justicia, y llegó con su reclamo a la Corte Suprema. “Un día Macri se creyó que era un príncipe, que no debía hacer un proceso de desalojo para recuperar el inmueble y decidió dictar una bula mediante la que me ordenaba mudarme o soportar la represión policial”, dice en el escrito que presentó su abogado.
Alvarez tiene 70 años y vive con ocho de sus once hijos, su mujer y uno de sus nietos en un departamento de Ingeniero Huergo al 1100, propiedad del gobierno porteño. Tras el estallido de la mutual judía quedó discapacitado, pero no recibió subsidio alguno del Estado y tampoco la indemnización por parte de la empresa de Franco Macri. La familia se sostiene con una pensión graciable que en su momento le gestionó el ex diputado alfonsinista Marcelo Stubrin, quien también habría conseguido que le cedieran la vivienda
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