Los Políticos de Tierra del Fuego no tienen límites

El Legislador Madnato Cumplido Adrián De Antueno envió un proyecto de ley a la legislatura fueguina a efectos de aclarar el dictamen de diputados con elación al tema "Límites " de la provincia de Tierra del fuego,Antártida é Islas del Atlántico Sur-

FUNDAMENTOS:

Recientemente los medios de prensa dieron cuenta de un dictamen conjunto de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto, de la Cámara de Diputados de la Nación, relacionado con un proyecto de autoría de la Diputada Nélida Belous, que también lleva la firma de los restantes legisladores nacionales fueguinos.

El asunto fue ingresado con Nro. de Expediente 3336-D-2009, tiene asignado el Tramite Parlamentario Nro. 078(14/07/2009) y trata sobre los límites territoriales de la provincia de Tierra del Fuego.

Seguramente no escapará al conocimiento del Sr. Presidente y de los Sres. Legisladores provinciales que, lo que se está tratando en la cámara baja, si bien es facultad del Congreso de la Nación (artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional), también tiene ingerencia exclusiva la Legislatura de Tierra del Fuego si de modificar los actuales limites provinciales se trata.

De acuerdo a la documentación que fue girada a las comisiones referidas, más allá de la libre interpretación de sus coautores, el proyecto en estudio ya con dictamen favorable, trataría de fijar con otro texto los mismos límites que actualmente tiene la Provincia. Aparentemente, ese y no otro sería el propósito.

Porque Sr. Presidente, no podrán admitir en esa Legislatura que estuvieron tantos años sin saber cual es la jurisdicción del Estado Provincial que gobiernan, como se le ha escuchado decir a funcionarios públicos elegidos por el voto popular, respecto a que las Islas Malvinas, la Isla de los Estados o la Antártida Argentina serán finalmente parte de la provincia.

¿Cómo admitir silenciosamente que han estado gobernando una jurisdicción política, nada menos que diecinueve años, sin saber cual es el territorio sobre el que pueden y deben ejercer el poder conferido?

¿A quienes en términos humanos o poblacionales y a donde en términos territoriales dirigieron sus leyes, decretos y resoluciones todo este tiempo?

¿El pueblo de que territorios geográficos, los ha ungido sus representantes en el Congreso Nacional?

¿No los han votado en la Antártida, una y otra vez?

¿La Escuela, los docentes, los padres y los alumnos que estudian allí a que “extraña jurisdicción” pertenecieron desde 1990?

Sr. Presidente, no es intención de esta presentación ofender a nadie, sino pedir que se aclare definitivamente la situación planteada, no tanto con el proyecto en si mismo, sino con los fundamentos y dichos de quienes fueron elegidos para representar o gobernar la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Y como de aclarar se trata, para fundamentar el proyecto que dejo a vuestra consideración en carácter de asunto de particulares, me propongo hacer un ejercicio mental con algunas preguntas y observaciones que ya he manifestado públicamente y que oportunamente a su requerimiento, le hice llegar a los autores.

La primera de ella es ¿tiene actualmente la provincia de Tierra del Fuego límites territoriales? Si los tiene. Porque no puede existir una provincia sin límites como seria inimaginable la Nación misma sin los suyos.

¿A pesar del veto del segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 23.775 por medio del decreto 905/90? Si efectivamente. Si no fuera así, la provincia no podría denominarse de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque estaríamos describiendo territorios de otra provincia o de la Nación misma.

¿Es verdad, que el PEN en mayo de 1990 vetó parcialmente el artículo 1º de la Ley 23.775?

Si fue así, pero lo hizo sobre la jurisdicción marítima que se había aprobado en el Congreso, establecida sobre la base de una interpretación precursora y de avanzada.

También cierto es, que fueron vetados algunos errores materiales, tal el caso de los islotes chilenos incluidos, negligente o intencionadamente, en el tratamiento y aprobación del Senado.

Lo que se propuso en el primigenio proyecto de provincialización y se concreto en la Ley 23.775, que se aprobó en el Congreso Nacional y después fue vetado, es que el límite provincial en el mar, llegue al borde exterior de nuestra Plataforma Continental, más allá de la actual jurisdicción que la Nación reconoce a las provincias con litoral marítimo.

Por eso, cuando la autora del proyecto dice que:… “Al vetar el segundo párrafo del primer artículo, aquello que quedó establecido es "declárese provincia conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 67 inciso 14 de la Constitución Nacional, al actual territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur"; es decir, se declaró provincia al entonces territorio, pero no se definió el territorio -valga la redundancia- ni sus componentes.”, incurre en una equivocación jurídica.

Todos los Territorios Nacionales fueron provincializados sobre la jurisdicción que les correspondía y con los mismos límites que se les había conferido a partir de la Ley 1532 de 1884.

Salvo el Territorio Nacional de Los Andes, que fue disuelto y subsumido en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca (Decreto 9357/1943), los restantes fueron provincializados con idéntica técnica legislativa que la utilizada en el caso del último Territorio Nacional, es decir Tierra del Fuego.

Así se provincializaron los Territorios Nacionales de La Pampa y Chaco (Ley 14037/1951); lo mismo el Territorio de Misiones (Ley 14294/1953); posteriormente se hizo lo propio con los Territorios Nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagonia que comprendía Santa Cruz y Tierra del Fuego hasta el polo sur (Ley 14408/55).

La Ley 23.775 declaró provincia, a pesar del veto, al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que ya estaba delimitado por el Decreto Ley 2191/57, convalidado por Ley 14.467/1958.

Decía el Decreto Ley 2191/57 en su artículo 2º (Territorios que lo forman): El Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental de la Isla grande y demás archipiélagos de Tierra del Fuego e Islas de los Estados y Año nuevo, conforme los límites fijados por el tratado del 23 de julio de 1881, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, las Islas Sándwich del Sur y el Sector Antártico Argentino comprendido entre los meridianos 25º Oeste y 74 º Oeste y el paralelo 60º Sur.

La división política de Tierra del Fuego, establecida en 1970 y con plena vigencia hasta el día de hoy, delimitó cuatro jurisdicciones: Departamento Ushuaia, Departamento Río Grande, Departamento Islas del Atlántico Sur (que comprende como ya se dijo, entre otras las Islas Malvinas, Las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur) y el Departamento Antártida.

¿Que es entonces lo que no se provincializó por aquel veto? Precisamente el mar contiguo a su territorio hasta el límite exterior de la Plataforma Continental (de lo que nada se dice ni se propone en el proyecto en estudio, ahora con dictamen favorable en la cámara baja).

Dicho de otra manera ¿Qué es lo que se provincializaría en esta oportunidad que ya no sea parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur? y ¿cual la innovación a sus límites actuales?

La respuesta aquí es muy importante por las derivaciones legales surgidas del propio marco jurídico que abarca y a la que está sometida la propuesta (Constitución Nacional, Constitución Provincial, Leyes y Decretos).

La Convención Constituyente fueguina redactó y aprobó en el texto de la Constitución, el 17 de mayo de 1991, en el artículo 1º: “el nombre de provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, consecuentemente con lo dictado por la Ley 23.775 y además, ratificó en su artículo 2º que, “La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de la República Argentina.”

“Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta popular.” (Textual).

Quiere decir que, si en el proyecto en ciernes se modifican los actuales límites, dicha cláusula constitucional debe efectivizarse obligadamente y previo a su tratamiento en el Congreso Nacional deberá llamarse a consulta popular y aprobarse por las tres cuartas partes de sus miembros en la Legislatura.

¿Y si no modifican o perfecciona los límites de Tierra del Fuego?

En ese caso ¿qué sentido tiene el proyecto con la firma conjunta de los Diputados del ARI y del PJ?

¡No cabe duda alguna que Tierra del Fuego tiene límites definidos! y que los mismos cubren una extensión de aproximadamente un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, más todo su mar circundante, con las Islas Malvinas, del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

¡Tierra del Fuego tiene límites! De la misma manera que los tenía aquel Territorio Nacional que fuera provincializado. Mantener lo contrario es afirmar que nuestra propia Nación no los tenía o no los tiene aun.

Cuando se discutió el cambio de estatus político, jurídico e institucional de Tierra del Fuego de 1983 a 1990, nuestro país no tenía definida una política marítima clara, (podríamos decir que aún hoy se carece de ella) y mucho menos, la idea de la provincialización del mar, todavía bajo jurisdicción nacional, situación que continuará con el actual proyecto en trámite parlamentario.

Posteriormente a 1991, cuando se presentaron otros proyectos para perfeccionar (léase extender) los límites de la Provincia, no prosperaron porque precisamente pretendían abarcar la jurisdicción marítima hasta los límites de la Nación.

Tampoco argentina contaba con los resultados que hoy posee, de la Comisión (COPLA) que estableció científicamente el límite exterior de nuestra Plataforma Continental.

La Cancillería de entonces, como las anteriores y por lo visto la actual, se opusieron férreamente a la provincialización tal como se planteaba desde Tierra del Fuego, no pudiendo impedirla ni a último momento de la madrugada del 26 de abril de 1990, en que nació la “Provincia Grande”, pero sí promoviendo el posterior veto que impidió el avance del derecho de las provincias ribereñas al mar contiguo a su territorio y hasta el límite exterior de la Plataforma Continental.

Lamentablemente la misma historia, con diferentes protagonistas, se repite en esta oportunidad, visto el proyecto consensuado en Comisiones de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente y Sres. Legisladores, por lo ya expuesto vengo a peticionar que, a la brevedad posible se consulte a los Sres. Diputados de la Nación, Nélida Belous, Leonardo Ariel Gorbacz, Rosana Andrea Bertone, Ruben Darío Sciutto y Mariel Calchaquí, si el espíritu y la letra del proyecto de Ley descripto al inicio y en relación al tema que nos ocupa, fija los limites actuales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿o los modifica en algo?

Si no los modifica, debemos asumir que el actual proyecto y su dictamen no agregan ni quita nada a lo ya hecho en el plano legislativo hasta ahora.

Si efectivamente los modifica, restando o agregando nuevo espacio territorial a los actuales limites de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, esa Legislatura debe actuar en cumplimiento de la Constitución Provincial.

SI HAY NUEVOS LÍMITES TERRITORIALES PARA TIERRA DEL FUEGO, DEBE LLAMARSE A CONSULTA POPULAR Y LA LEGISLATURA DEBE APROBARLOS CON MAYORIA AGRAVADA.

Sr. Presidente, dejo a su consideración y de los Sres. Legisladores el presente proyecto de Resolución.

Adrián Gustavo de Antueno

Legislador (MC)

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°:Dirigirse a los Sres. Diputados Nacionales por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Nélida Belous, Leonardo Ariel Gorbacz, Rosana Andrea Bertone, Ruben Darío Sciutto y Mariel Calchaquí, autora y coautores firmantes del proyecto de Ley que gira en Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación como Expediente 3336-D-2009 y tiene asignado el Trámite Parlamentario Nro. 078(14/07/2009), sobre los límites territoriales de la provincia de Tierra del Fuego, para consultarles si el espíritu y la letra del proyecto de Ley descripto, fija los límites actuales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿o los modifica en algo?

Artículo 2°: En caso de una efectiva modificación de los límites territoriales de la provincia de Tierra del Fuego, solicitar todos los antecedentes del Asunto al Congreso de la Nación para tratar el tema en Sesión Especial en fecha a fijar al efecto y posteriormente, convocar a Consulta Popular en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 2° de la Constitución Provincial.

Artículo 3°: Dar amplia difusión, comunicar a ambas Cámaras del Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo Provincial.

Adrián de Antueno Legislador MC

Ley de Medios ("K") El Debate con todos

Si ya sé es largo pero el trabajo que se dan los jóvenes de Un día peronista,y del suplemento joven NI A PALOS,MERECE EL POST,COMO MERECE DIFUNDIRLO,Y también redundantemente merece leerlo..Por qué..?simple hay que debatir y escuchar y leer otras voces, por que nó de los jóvenes?

Un día como hoy pero el día del maestro, en plena semana pasada, un tal Franco Vitali, ignoto personaje que dijo ser co-director del Suplemento Ni a Palos vaya uno a saber junto a qué otro pelandrún de cuarta, se apersonó en las Audiencias Públicas organizadas para debatir la ley que seguro seguro sale o sale ayer, ante la atenta mirada del compañero Julio Piumato, y pronunció las palabras que se ven en los videos que abren este post y que, un poco mejor, se reproducen aquí abajo en su versión escrita. Se agradece a la blogósfera en general por el aporte constante de argumentos y datos, y a los amigos Caniches y otros compañeros que bancaron la parada en la audiencia. Además, gracias a un esfuerzo de producción y por medio de un operativo de comunicación inter-provincial que involucró tecnologías tan pero tan pero tan modernas que la semana pasada no estaban reguladas pero que, a partir de hoy, sale o sale, casi lo estan y falta poquito, conseguimos la colaboración de nuestro amigo el Radical Z Lucas Carrasco que, via speakerphone en plena teleconferencia aportó el eje civilización-barbarie a este speech, momento del cual fue festejado por la orda de amordazadores presentes en el acto. También se agradece al compañero Miguel y a Maia.

Un día peronista para festejar, salió nomás.

Ponencia para la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales
Por Franco Vitali, Director del Suplemento Joven “Ni a Palos”, del Diario Miradas al Sur

Señor Presidente, Señores Diputados y Senadores, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de los distintos agrupamientos empresarios y de la sociedad civil, y demás presentes, quiero agradecer profundamente la oportunidad de expresar mi opinión y punto de vista en esta oportunidad, por demás inédita, en la historia de nuestra democracia.

Digo oportunidad histórica porque creo que hubiese sido maravilloso para la salud de la República (que hoy, por suerte, se defiende acaloradamente desde los grandes medios de comunicación) que, así como estamos debatiendo esta ley, se hubiese debatido, por ejemplo, la ley de Flexibilización Laboral de De la Rúa.

Porque esta ley, si se aprueba, va a tener millones y millones de beneficiarios que accederían a una mayor cantidad de diversidad en la información y a un abaratamiento en los servicios de comunicación. También es cierto (no lo negamos) que si se aprueba esta ley, un pequeño grupo de gerentes desconocidos dejará de manejar la información como herramienta de acumulación de poder político y financiero, y permitirá a la sociedad contar con mayor cantidad de prismas desde donde nutrir su parecer, su cultura y finalmente su decisión.

En cambio (y sólo por poner un ejemplo) la ley de Flexibilización Laboral se aprobó en 7 apresurados días, sin audiencias públicas, con un debate bancarizado, tuvo millones y millones de damnificados y sólo unos cuantos que pasaron de millonarios a multimillonarios.

¿Qué hubiera pasado con la salud de la República si el Congreso hubiera debatido, siquiera un poco más, la famosa Ley de Reforma del Estado? No soy médico de la salud republicana y no quiero meterme en ese oficio tan distinguido, solamente me lo pregunto. Porque, en ese momento, Menem consiguió en menos de un mes, repito: en menos de un mes; privatizar, además de casi todas las empresas públicas, los canales 11 y 13, las radios Belgrano y Excélsior y otros medios que por tradición, sentido común y justicia eran del Estado. ¿Se le subió la fiebre, se atacó de intolerancia, brotó el autoritarismo en la delicada salud republicana? Pues se nos informó que el paciente, por el contrario, maduraba y crecía, conforme a los estándares globalizados que, tras la caída del muro, afectaban la otrora sana y hoy frágil salud republicana.

Pero bueno. Acá estamos, debatiendo finalmente, y luego de 26 años “a las apuradas”, cómo subsanar esta mancha heredada por la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Un debate apasionante y necesario, que desgraciadamente ha sido bautizado por el Grupo Clarín con el nombre de “ley k de control de medios” tratando de reducir el impacto de una nueva ley que no va a regular la capacidad de investigación y análisis que quede en algunos de sus periodistas, sino, más bien, poner freno en la voracidad del monopolio cuyo fin no es la libertad de expresión sino solo la presión para conseguir más. Esta ley no es contra Clarín, sino para evitar la monopolización de la palabra, la ley no prohíbe a Clarín ni a nadie, solo pone límites a los negocios, no a la palabra.

Lamentablemente la ciudadanía no ha tenido oportunidad de escuchar estas audiencias masivamente. Los medios que reclamaban debate decidieron que no era necesario hacerlo en el Congreso, por donde no aparecieron sus gerentes, sino que como hacen siempre prefieren darlo en donde son Juez y Parte, los medios que son de su propiedad. Las opiniones, como la mía y las de muchos más, que apoyan el debate sobre la nueva ley con más o menos correcciones, son enlatadas en microsegundos o micro párrafos en contraste con las soporíferas e interminables explicaciones de quienes hablan de una supuesta mordaza. En el mar de los monopolios nuestras opiniones son simples gotitas.

Y es que, de entrada, nosotros, los que no somos mayoría pero somos propositivamente la primera minoría clara, al visibilizar un debate sistemáticamente negado, nos tenemos que poner a la defensiva.

Repasemos, entonces, cuáles son las criticas más fuertes que se han ido ensayando para deslegitimar este proceso de discusión. Y cuando digo ensayando, me refiero a que se ha ido cambiando la carnada para ver qué se pesca. Veamos:

Primero, la velocidad que se le imprime al debate.

Segundo, la supuesta falta de legitimidad de este cuerpo legislativo para tratarla.

En tercer lugar, la supuesta intencionalidad de la reglamentación de censurar o controlar a los medios.

La primer crítica ha quedado semirefutada al principio de esta exposición. Innumerable cantidad de leyes de importantísima trascendencia para todos los argentinos se han votado a sus espaldas, de manera fugaz, sin intervención de las minorías legislativas, ni de las mayorías populares. La motivación que existe al calificar de acelerado un debate que lleva 26 años de transcurso es tan inconfesable que se ha recurrido a todo tipo de artimañas para oscurecer un proceso que, en términos de calidad institucional, ha sido impecable. A saber: el Poder Ejecutivo anunció que iba a mandar este proyecto en la apertura de sesiones legislativas de este año, antes de que cualquier resultado electoral sea remotamente previsible. Posteriormente, la Presidenta instó a que se debata ampliamente el anteproyecto producido por el Ejecutivo. Se realizaron debates a lo largo y ancho de la nación, debates que fueron invisibles a los ojos de los jefes de redacción de varios diarios de gran tirada. Ahora, luego de reclamar este debate en el que hoy estamos presentes, también han decidido silenciarlo. La primer crítica es, sin dudas, impresentable.

Al respecto de la segunda objeción mencionada, y apelando a la honestidad intelectual de los señores legisladores, basta una observación para derrumbarla. Si este Congreso, hace 30 días o un poco más, tenía legitimidad para derogar las retenciones, tiene la misma legitimidad hoy para dictar una ley que regule los servicios audiovisuales. Imaginemos la siguiente situación hipotética: la ley de medios se aprueba, pero nuestra Presidenta decide vetarla en ejercicio de facultades constitucionales. ¿Cómo sería calificado ese veto por el diario Clarín? ¿Como un arrebato del poder tiránico o como un ejercicio de mesura, diálogo y consenso? Al respecto de la legitimidad de este cuerpo, otros argumentos de la misma índole pueden encontrarse fácilmente en el articulado de la Constitución Nacional, a la que ciertos jefes de redacción, obsesionados por un institucionalismo de fuentes muy paganas, deberían remitirse por lo menos una de cada tres veces en que pontifican sobre saberes que los superan, pero que siempre coinciden con los deseos de sus preocupadísimos jefes.

En cuanto a la tercer y última gran crítica que se esgrime al respecto de que el objetivo de este proyecto es el de controlar a los medios, viene bien explayarse un poco más, porque es un tema ciertamente sensible, no sólo para empresarios que fueron capaces de brindar con Videla, sino en honor de los verdaderamente silenciados, humillados y negados. En los últimos cuatro años la sociedad ha sido expuesta permanentemente a la idea de que en nuestro país no hay libertad de expresión. La libertad de expresión peligra en cada esquina de la patria. La censura acecha día a día la sana labor periodística de honorables ciudadanos argentinos. Lo gracioso es que esta censura se anuncia a los cuatro vientos con toda la potencia de uno de los grupos monopólicos mediáticos más poderosos del continente. Esta es la censura más potente que se recuerde, es el silenciamiento de más alto voltaje, es la contradicción más disparatada en la que incurre el mudo que trabaja de barítono. ¿Cómo es posible semejante cosa?

Como dice Raul Degrossi, en Argentina se puede criticar al gobierno, a la presidenta, a los funcionarios, a los jueces, a los empresarios, y sobre todo a los sindicalistas, porque de eso se trata la libertad de expresión. Pero no se puede cuestionar un artículo, una nota, un editorial, a un periodista o la orientación de un medio de comunicación, porque eso es censura.

Se puede mostrar a personas desnudas en el cine, en el teatro, en la televisión y en Internet, aunque sean menores de edad y esté penado por las leyes, o vaya en contra de sus derechos. Pero no se puede mostrar el rostro del principal ejecutivo del Grupo Clarín, porque eso es un ataque a la libertad de prensa.

Se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, desde la Presidenta para abajo, accediendo por Internet a sus declaraciones juradas. Pero no se puede conocer en detalle quienes son los verdaderos propietarios de algunos medios de comunicación, o cuánto ganan mensualmente algunos periodistas estrella de la radio y la televisión que pontifican sobre la honestidad, la ética y la transparencia.

¿Somos todos iguales, o algunos son más iguales que otros?

Este clima que se ha instalado es ridículo. No se puede alegar que hay constantes violaciones a la libertad de prensa desde el mismo medio que se presenta como censurado. Es un contrasentido fáctico que debería estar fuera de esta discusión, ante una actividad periodística cada día más cuestionada por la sociedad ante la absoluta carencia de imparcialidad y por el bruto atropello a los principios que rigen la profesión.

Hay un aspecto particularmente curioso en este montaje mediático papelonero. De un día para el otro el Grupo Clarín pasó a llamar a la Ley de Servicios Audiovisuales, ley K de control de medios. Este nombre no es producto de la interpretación periodística sino mas bien de la interpretecion empresarial. Sin más explicación ni razonamiento para semejante acusación que la repetición mecánica de la frase a través de todos sus diarios, radios, canales y periodistas empleados. ¿Cual es el objetivo de este método? ¿Qué se esconde detrás de esta mecánica? Anular todo el debate de fondo para que nos dediquemos a discutir la validez de esa premisa: si esta ley es para censurar o no es para censurar.

Esta Ley de Servicios Audiovisuales no contiene en su articulado ni una palabra que pretenda regular la calidad o el tenor del contenido de la información que se provee desde los medios de comunicación. Por el contrario, la que está vigente actualmente sí faculta al poder ejecutivo a ejercer la censura previa ante amenazas a la seguridad nacional, concepto jurídico vago si los hay, que habilita a todo tipo de interpretaciones sobre cuándo efectivamente opera esa causal.

Sabiendo que es inútil debatir con quien no quiere escuchar, intentaré manifestar los puntos que considero más importantes.

¿Cuales son las bondades de esta Ley? Mucho se ha hablado aquí, y en la comisión que preside el Diputado Baladrón, y en los foros que se han realizado en todo el país. Sin embargo, nos gustaría resaltar tres aspectos que nos parecen fundamentales.

El primero que queremos rescatar hace al interés de los Señores y Señoras Diputadas y Senadores en su íntima relación con el sistema federal y la distribución geográfica del poder en la Argentina. La concentración permite que el futuro del país entero se juegue en la rutina diaria del porteño o el habitante del gran Buenos Aires. La concentración monopólica ha convertido en tema de interés nacional la duración de un corte en el puente Pueyrredón, o el estado de los postes de luz en una esquina de Palermo, o el tamaño de las piedras que cayeron sin llover en José C. Paz, o la decisión de agregar una mano a la Avenida Pueyrredón. Para un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional es fundamental tener medios de comunicación cuyos capitales e intereses estén ligados al destino de sus provincias. Mientras todos los medios estén ligados al capital de la gran ciudad, no habrá independencia informativa ni producción local de contenidos para las distintas regiones del país y seguiremos, todos los argentinos, viviendo a merced del humor, las prioridades y los problemas de los ciudadanos de dos o tres barrios acomodados de la Capital Federal.

En segundo lugar, la sanción de esta Ley representa una oportunidad simbólica de recuperar el rol que la Constitución Nacional asignó a la política y a los representantes electos dentro del sistema de poder nacional. Sancionar la Ley de Medios de la democracia después de 26 años de intentonas pone las cosas en su lugar. Es una oportunidad para que este Congreso demuestre a la sociedad que es quien verdaderamente tiene la atribución de sancionar las leyes, velando por el interés general y no sucumbiendo a la presión de las corporaciones económicas.

Si hay algo que no se le ha criticado al kirchnerismo fue su habilidad para, después de la debacle del 2001, reconstruír la autoridad presidencial y renovar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este Congreso, que estuvo ausente del debate político durante muchos años y que ha tomado vigor en la dinámica del poder en estos últimos, ha fallado aún en la tarea de demostrarle a la sociedad que es uno de los Tres Poderes del Estado, y que su autoridad es superior a la presión que las corporaciones económicas ejercen sobre él. Los diputados no representan a sectores económicos, representan al conjunto del pueblo y deben velar por su interés y bienestar general.

En tercer y último lugar, quiero resaltar el aporte que significaría para la difusión y la transmisión de la cultura nacional, entendida en su dimensión más rica y profunda. La cultura es fundamental para el desarrollo de cualquier nación y la trasmisión de esa cultura hace a su enriquecimiento. En el actual sistema de medios no hay lugar para una porción significativa de voces que hacen a la esencia de nuestra identidad como pueblo. El tercio de las licencias que les corresponderían a las organizaciones de la sociedad civil representa un avance inconmensurable en términos culturales. La cultura nacional sería absolutamente fría, superficial y aburrida si fuera, como se la presenta desde los grandes medios de comunicación, sólo lo que tuvo alguna determinada medida de éxito en su época. Más bien, la cultura de un pueblo se encuentra en lo que no se ve a primera vista, en lo que el mercado no premia. Gran parte de lo que nos identifica como país en términos culturales, tiene que ver con la crítica que los sectores marginados hacen del sistema. Por poner un ejemplo, la cultura del peronismo en sus épocas de proscripción, de persecución y censura enriqueció a todo el conjunto de la cultura nacional al plantear un conjunto de valores absolutamente contrapuestos a los imperantes.

Los sucesivos conflictos que ha tenido el peronismo con la prensa, que a su vez ha sido el resultado de correlaciones de fuerzas sociales, tienen que interpretarse como parte del clivaje político nacional, o por lo menos como una de sus aristas.

Cuando uno habla del derecho a la pluralidad de voces, las empresas de medios, casi hasta de manera culposa, se defienden alegando que hacen participar a “la gente” a través de los llamados telefónicos, a través del notero que le pregunta al padre que acaba de perder a su hijo qué es lo que siente, o a través del televoto y la encuesta en internet. Según su visión cualquiera puede aparecer en la tele.

Lo que esconde esa visión es que siempre hay una decisión de política editorial que define quién es el que habla o en todo caso sobre qué. Es mentira, ya no para mí, sino para la normativa internacional en derechos humanos en materia de libertad de expresión, que un monopolio respete el derecho de pluralidad sólo por el hecho de fomentar una supuesta participación.

Si así fuera, una nueva ley de medios, con un espíritu contrario a la vigencia de los oligopolios y con afán democratizador, sería innecesaria. Pero, en ese caso, el debate hegemónico en los medios de comunicación estaría centrado en un "Sí o No a la Ley de Medios”. En cambio, el debate está puesto en su oportunidad, en la "autoridad de aplicación" o en la sicología oculta de quienes la impulsan, porque no podrían jamás sincerar su beneplácito con la legislación actual.

Quienes no nos sentimos representados por el sistema hegemónico comunicacional, hemos debatido en foros nacionales durante varios años, tomando el espíritu de apertura y democratización del gobierno de Alfonsín, que intentó, sin éxito, discutir una reglamentación que reemplace a la de la dictadura. Las argumentaciones para bochar el intento de Alfonsín fueron las mismas que se escuchan hoy. Nuestras argumentaciones, también.

Una parte importante de la población, no decimos la mayoría, probablemente sólo una parte, si se quiere un 33%; no se siente representada en sus valores, creencias y cotidianeidades por los medios de comunicación. Se siente, por el contrario, negada, vilipendiada, y muchas veces humillada. Hay una literatura que no se ve reflejada, una historia que no se ve reflejada, una práctica política que no se ve reflejada... en fin, todo un sistema de valores y de ideas que no se ve reflejado.

Quienes creemos que la vida nacional está atravesada por la dicotomía civilización y barbarie, solemos ser la barbarie. Quienes creen que esa división está superada, suelen ser señores muy civilizados. Nosotros sinceramente creemos que la discusión democrática institucional debe partir necesariamente de la base de aceptar la existencia del otro. La dicotomía no está superada, subyace a todos los problemas de la vida nacional, y aceptarla, abrazarla, institucionalizarla y formalizar su existencia es dar el primer paso hacia una democracia real y no sólo formal. 33% para la civilización, 33% para la barbarie, y el resto lo definimos democráticamente.

Podemos y queremos discutir democráticamente estos conceptos, pero es inaceptable que estas definiciones de alto contenido político e importancia estratégica y cultural se tomen a nivel empresarial, o que estén sometidas únicamente a las leyes de mercado.

El tercio de licencias adjudicadas en el proyecto consensuado que presenta el poder ejecutivo, posibilita que otras voces, fuera de las lógicas de empresarios diversificados que disputan el sentido, puedan, también, expresarse.

Hay una rica experiencia en el campo social de amplios y muy diversos sectores que deberían tener su ámbito de comunicación, relacionamiento, expresión y difusión, sin que esto anule otros medios con otras y legítimas lógicas. Las grandes empresas deberán garantizar su audiencia no por la potencia arrasadora de su estructura monopólica, sino por medio de la calidad de sus contenidos.

Nosotros vemos este proyecto como abarcativo, complementario, integrador, plural y diverso. Otros sectores lo ven como una amenaza. Habrá que preguntarse porqué; y en esa sola pregunta, cabe toda la legitimidad de nuestro planteo comunicacional.

Hilda Molina: loba disfrazada de abuelita

OPINION

Hilda Molina: loba disfrazada de abuelita

Por Esteban Collazo

La médica cubana lleva tres meses en suelo argentino. Su agenda ha sido tan agitada que son muy pocos los que siguen creyendo que la neurocirujana vino sólo de visita, tal como dijo el 14 de junio, cuando el Gobierno cubano le permitió dejar La Habana para viajar a la Argentina y ver a su familia acompañada de su anciana madre, Hilda Morejón. A noventa días de su arribo, nadie se pregunta si Hilda Molina piensa volver y mientras tanto, la mediática abuelita ya comenzó a operar junto a su hijo Roberto Quiñones. En las instalaciones del Centro Médico Internacional de Rehabilitación Integral (CMIRI), ubicado en el barrio de Caballito, la antigua Directora del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) del Estado cubano, realiza sus prácticas quirúrgicas sin haber cumplido ninguna de las acreditaciones que le exige la ley argentina para ejercer como médica. Esos permisos le pueden demandar mucho tiempo a cualquier profesional extranjero, pero no a la doctora Molina, que el pasado 27 de agosto confesó ante varios diputados de la Legislatura Porteña que está practicando cirugías junto a su hijo. Hay que tener en cuenta además que lleva casi veinte años sin práctica médica, y que todavía no se han revelado los detalles que derivaron en su expulsión al frente de uno de los centros de complejidad más importantes y prestigiosos de la Revolución Cubana.

Durante los años en que la mujer construyó su personaje y se transformó en un instrumento de agitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya se decía que Molina había sido destituida por actos de corrupción. En concreto, se la acusaba de haber aceptado más de 10.000 dólares de manos del ex diputado radical César “Chacho” Jaroslavksy, quien fuera presidente del bloque radical de la Cámara Baja durante el gobierno de Raúl Alfonsín y padecía graves problemas en su cadera. Una dolencia que lo tenía casi postrado en una silla de ruedas. Jaroslavksy se rehabilitó en el CIREN y fueron tan buenos los resultados, que quiso retribuir con una donación. Molina nunca dijo una palabra al respecto. Pero el 14 de Junio cuando, recién llegada a Buenos Aires, tuvo un instante de sinceridad, confirmó que la información era cierta y dijo que ese dinero donado a la institución era suyo. En diálogo con Clarín sostuvo que “fueron 10.000 dólares” y que se trató de un gesto del ex diputado porque la quería mucho y "porque (ella) lo mejoró bastante”. Pero se le olvidó un dato: no fueron 10.000 dólares, sino 30.000. Fuentes cercanas al difunto Jaroslavsky aseguran que el ex diputado entregó el triple de lo que dijo la médica. Por aquellos años la mujer era la jefa del CIREN y a partir del curioso incidente, todo cambió.

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Un Día como Hoy pero de 1955 derrocaban al Gobierno Constitucional de Juan D. Perón

Cita de honor con la libertad
Titulaba el diario Clarín, con loas y festejos al golpe de Estado que destituyera al gobierno constitucioinal de Juan Domingo Perón, el 16 de septiembre de 1955.

El 16 de junio de 1955, elementos disidentes de la Armada argentina y de su sección aérea lanzaron una rebelión en Buenos Aires (bombardeo de Plaza de Mayo). Sin embargo, el Ejército de Tierra se mantuvo leal al gobierno y el levantamiento fue pronto sofocado. En las semanas siguientes aumentó la tensión a medida que distintas facciones dentro del gobierno y de las Fuerzas Armadas tomaban posiciones. Más información en sección Revolución Fusiladora

Gorbacz calificó de “vergonzoso” el tratamiento periodístico del Grupo Clarín a la ley de medios

16/09/2009 | El diputado del bloque Proyecto Progresista Leonardo Gorbacz calificó de “vergonzoso” el tratamiento periodístico que le da el Grupo Clarín al proyecto de reforma de la ley de radiodifusión. “Defienden sus intereses económicos y mienten sobre el contenido de la ley. A través de su posición monopólica intentar distorsionar la información”, indicó.

El parlamentario fueguino participó del plenario de comisiones que anoche emitió dictamen favorable para discutir esta mañana en el recinto de Diputados el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En declaraciones a la prensa, Gorbacz anticipó que tanto acompañará el proyecto oficial al que se le realizaron reformas durante el debate en comisiones.

En el mismo sentido el diputado cargó en contra del Grupo Clarín y calificó de vergonzoso el tratamiento periodístico que le da el holding a la reforma de la ley de radiodifusión. “Defienden sus intereses económicos y mienten sobre el contenido de la ley. Lo que hacen es utilizar todo su poderío monopólico para intentar distorsionar la información. Esto es lo que nos da la pauta de la necesidad de cambiar la ley y terminar con los monopolios en los medios de comunicaciones”, señaló el parlamentario.

“Usted prende TN o agarra el diario Clarín y es evidente que hay una artillería pesada en contra del proyecto en donde ni siquiera se cuidan las formas. Ni siquiera se plantean críticas equilibradas o mesuradas sino que francamente (Clarín) hace un ataque permanente desde el titulo que le ponen de ‘Ley de Medios K’ o ‘Ley de Control de Medios’. Todo desde una posición totalmente parcial y coherente con los intereses que defienden”, afirmó.

En el mismo sentido Gorbacz dio a entender que los senadores José Martínez y María Rosa Díaz acompañarían la iniciativa de obtener hoy media sanción de Diputados. “No hemos tenido mucho tiempo de sentarnos a debatir la letra del proyecto porque hubo mucho trabajo en Diputados y tuvimos una dinámica de trabajo muy intensa en donde todo el tiempo se iba modificando el proyecto. Pero en líneas generales ellos están de acuerdo. De igual forma no quiero adelantar, yo por ellos, una posición de lo que será la discusión en el Senado. Ellos tendrán su propia discusión y audiencias”, explicó.

Fuente: FM del Sur/ A cara de perro/reporteaustral

EL ANSIADO REGRESO A MALVINAS

Domingo 13 de septiembre de 2009

Veteranos cordobeses viajaron a Malvinas

Veteranos cordobeses partieron anteayer hacia las islas Malvinas, para reencontrarse con el territorio que defendieron en 1982, y para homenajear a todos los soldados, sin distinción de grado, y amigos que quedaron en el cementerio de Darwin, como un jalón indiscutible de nuestra soberanía.

Después de 27 años, a las 15 ,abordaron el vuelo número 1880 de Aerolíneas Argentinas, y atravesaron la puerta de embarque, los ex soldados del regimiento 25, de localidad de Sarmiento, provincia de Chubut: Eduardo “Lala” Miranda,- Compañía B-Elio Dante Álvarez,- sección Romero-Walter Bufarini,-sección Romeo- Juan Carlos Garello,-Compañía Servicios-,Roberto Honorio Ojeda,Compañía B- Raúl Brichi,-Compañía Servicios y Jorge Omar Palacios,- sección artillería de campaña-, del Batallón de Marina 5. La primera escala será en Río Gallegos, donde permanecerán hasta el sábado, por la tarde. Luego subirían al avión de una empresa chilena que los llevara su destino.

agradecemos el aporte de Carlitos Zini dewww. amismalvinas.blogspot.com

El faltante de los CRECE compromete a Cóccaro y Ríos

La ex legisladora provincial Virginia López fue la primera, como integrante de la comisión de seguimiento legislativo, en denunciar ante la justicia y el Tribunal de Cuentas el faltante de fondos CRECE y hasta el cierre de la cuenta especial que se había abierto. Lo hizo durante la gestión de Hugo Cóccaro cuando Alejandro García estaba al frente de la operatoria, por lo cual la responsabilidad se origina en ese período. Sin embargo, tampoco el ARI restituyó fondos ni reabrió la cuenta, con lo que habría culpas compartidas. Ahora espera ser citada como testigo en la causa penal
El faltante de 33 millones en la cuenta de los CRECE data de la gestión anterior al ARI, y fue la ex legisladora Virginia López la primera en denunciarlo, como integrante de la comisión de seguimiento legislativo tras asumir en reemplazo del fallecido Raúl Ruiz
En declaraciones a FM del Sur precisó que el día 18 de octubre de 2007 presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas y ante la Justicia, y confirmó que este miércoles recibió copia de la Resolución N° 70 de 2009 del Tribunal de Cuentas, “donde confirman el faltante de 25.246.591,38 más los 8 millones de pesos que habían sido embargados por el municipio”,
Relató que tras las denuncias radicadas, en el mes de noviembre de 2007 el ex gobernador Hugo Cóccaro firmó una resolución por la que se comprometía a restituir los fondos a partir del mes de enero, pero “nunca fue devuelto”, aseguró.
López opinó sobre el tema con críticas a las demoras en la investigación por parte de los entes de control: “Me causa risa un poquito de esta resolución del Tribunal de Cuentas que en un párrafo dice ‘a cuyo tenor me remito a la brevedad’, porque la brevedad fue dos años. Lenta pero segura la justicia”, ironizó.
A pesar de la demora, dijo que “se ha confirmado no solamente el faltante sino que se han otorgado créditos sin garantías prendarias y a beneficiarios que estaban en negro y que según lo marcaba la ley no podrían haber sido beneficiarios nunca. También salta en este informe que algunos créditos fueron entregados, entre ellos el del avión, cuando nunca llegó a mis manos el expediente que había solicitado. Recuerdo que en su momento Alejandro García –ex Ministro de la Producción coccarista- me decía que estaba todo limpio todo bien y ponía a disposición la camioneta para ir a hacer la denuncia”, mencionó.
Sobre el caso del avión que alude, dijo que se otorgó un millón de pesos a una empresa que iba a hacer traslados en los tramos Ushuaia-Río Grande y Ushuaia-Río Gallegos. “Fue a la empresa 2000 Aéreo Sistemas que se le entregó sin constituir garantías, primero un millón de pesos, y luego se amplió en 500 mil pesos más. Se le dio sin garantías y a la fecha se encuentran en mora. El avión no está, yo no lo he visto volar. Y aunque estuviera, se entregó a quien no tenía garantías y encima se encuentra en mora. No solamente se entregó sin garantías sino que después se le amplió”, remarcó la ex legisladora.
Cargó también contra operaciones de prensa de un periodista afiliado al MTA –fundado por Eduardo Duhalde- del cual es referente local Alejandro García, que a través de su medio la tildó de “ridícula y mentirosa”, asegurando que no existía tal denuncia. Dijo que no fue su responsabilidad el tiempo que demoró la investigación pero que “a la vista está que no hice el ridículo, que la denuncia estaba hecha. Ayer ya me lo confirmaron y tengo todo el expediente en mi poder donde se habla de esto, no solamente del avión sino de otras empresas que a la fecha se encuentran en mora, que no presentaron garantías ni los papeles que correspondían. Es la misma cifra que hablábamos hace dos años, 33 millones de pesos”, ratificó.
“Hay gente que hizo todos los papeles como correspondía y a los que nunca se les entregó el dinero. Hubo empleados públicos que aportaban para el CRECE mensualmente para que otra gente pudiera iniciarse con pequeños proyectos, que siguieron esperando y el dinero no está. Vaciaron la cuenta CRECE, que fue cerrada también –agregó-. Yo había hecho esa denuncia, porque el dinero estaba entrando a la cuenta única del tesoro. No se puede y fue cuando salgo horrorizada de Casa de Gobierno con el legislador Frate que al otro día hago la denuncia, porque la cuenta de los CRECE no estaba”,
Si bien el faltante data de la gestión de Cóccaro, según Virginia López el ARI comparte la responsabilidad porque dio continuidad a la situación irregular. “Este dinero tendría que haber sido devuelto a la cuenta CRECE, que sigue sin existir –aseveró-. Este gobierno no hizo la restitución a la que se había comprometido”.
Sobre la posibilidad de que existan nuevos casos, posteriores a la salida de Cóccaro del gobierno, lo descartó: “Creería que no porque no ha habido entrega de créditos. Ayer me llamó gente que estuvo en la gestión de Cóccaro, en una entrega de CRECE de septiembre y octubre. Esa gente recibió los papeles pero nunca les dieron los fondos. Cuando estaba en la Legislatura muchísima gente se acercó y eso motivó que yo hiciera esta investigación y presentara la denuncia. Mucha gente que había obrado honestamente, que había pagado sin tener dinero a contadores para que les hicieran la presentación, los números, el proyecto, y que fueron engañados en su buena fe porque ni siquiera nunca se los citó para decir si su carpeta estaba bien o mal”, cuestionó.
Creo que hoy se les ha caído la careta a varios. Yo aporté toda la documentación, tengo copias en mi poder y, por suerte, muy buena memoria”, finalizó López
Este portal al que se hace referencia en la Nota,es propiedad de Armando Cabral,cuyo portal es www.lalicuadora.com.ar medio que no disimula su abierta oposición al Gobierno Nacional,alineándose al Gobierno Provincial,al que intenta hacer aparecer como víctima de las políticas Nacionales, negando la autonomía de la provincia y de la nula gestión por parte del gobierno que administra desdehace dos años elpartido ARI,que encabeza la ex.diputada Nacional,Fabiana Ríos--Vocero de ECOLATINA,y de Eduardo Dhualde,-Como el profesional .com.