Investigan al jefe de policía de Das Neves por pagarles a testigos
Publicado el 9 de Julio de 2011
Instruyó la causa que investigó el asesinato del empresario pesquero Raúl Espinosa, ocurrido en 2003. Ocho años después, en el juicio oral, dos testigos revelaron que el policía les dio dinero para incriminar a Conarpesa. Silencio de Clarín y La Nación.
El viento patagónico agita las hojas de un expediente judicial paradigmático, sin que los medios nacionales registren –al menos en proporción idéntica a la usada hace ocho años, cuando todo era sospecha–, lo que ocurre hoy con la causa por el asesinato de Raúl “Cacho” Espinosa, más conocido como el Caso Conarpesa.
Al momento del crimen, sucedido el 30 de enero de 2003, Espinosa era uno de los dueños de Pesquera San Isidro. Pero había comenzado trabajando como marinero en Conarpesa –donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente–, antes de abrirse de la empresa y fundar una competidora. Elisa Carrió relacionó de modo incansable a Conarpesa con los fondos de la campaña electoral de Néstor Kirchner, motivo por el cual la muerte de Espinosa fue atribuida a intrigas políticas y comerciales desde el primer momento.
Por el testimonio de su concubina, Lorena Gabarrus, se sabe que Espinosa fue interceptado por un sicario que le perforó el corazón con un disparo. Hasta ahora, el presunto autor material había sido identificado como José Domingo Segundo, personaje marginal de Madryn, también conocido como “Mingo”. Los dichos de Gabarrus y de un “testigo de identidad reservada” lo incriminaron en el sumario inicial. Y Benjamín Bustos, alias “Miyi”, fue acusado de proveer el arma mortal, una pistola 9 mm, también por un “testigo de identidad reservada”. Los supuestos coautores, según la hipótesis más firme que había llegado hasta el proceso oral, son Ademar Araujo y Remigio Guevara. Guevara era secretario y custodio de Fernando Álvarez Castellano, hombre de Conarpesa, enfrentado a la víctima Espinoza; en tanto que Araujo, se habría alojado en hoteles con cargo a Conarpesa. La hipótesis fundamental del crimen, en virtud de la evidencia, apuntaba a la resolución violenta de una disputa por negocios y dinero entre competidores.
Sin embargo, en las primeras jornadas, los dos testigos de identidad reservada que sostenían la acusación de la fiscalía se desdijeron generando escándalo. Ambos, además, lo hicieron denunciando ante el tribunal que habrían sido objeto de presiones para inculpar a los encausados. Nada de esto, sin embargo, fue informado por los medios nacionales. Concretamente, en el quinto día de audiencias, el testigo Claudio Martín Corbelli, quien bajo reserva de identidad había declarado en el sumario inicial haber presenciado una reunión donde Bustos les vendía el arma homicida a Araujo y Segundo, en presencia de Guevara, manifestó que había mentido, inducido por el entonces Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, comisario Guillermo Castaño. “Todo lo que declaré en ese momento no lo vi, lo dije porque me sentí amenazado, intimidado. Me dieron plata para que lo dijera y ahora estoy arrepentido”, confesó Corbelli. Preguntado por el tribunal para que diga quién le había obligado, el testigo no dudó: “La plata me la daban el comisario Castaño y un policía llamado Hugo Zajur.” Agregó, también, que la rueda de reconocimiento en la que se habría identificado a Miyi Bustos había sido fraguada: “El día anterior me dieron una foto, era de la persona que tenía que reconocer”.
SILENCIO EN LA SALA. Caras de nerviosismo en la fiscalía. Corbelli involucró públicamente al comisario Castaño en la maniobra. Un detalle para entender la sorpresa general: Castaño es el actual jefe de policía de Mario Das Neves, el gobernador de Chubut. Siguió Corbelli: “(Castaño y Zajur) me subieron a una camioneta, me dijeron que conocían toda mi vida, que vendía cosas robadas, que en ese tiempo me drogaba y que si les decía que no, ellos no me iban a dejar así nomás en la calle, que no me quedaba alternativa. Ellos sabían que yo era de Córdoba, me dijeron que me iban a dar plata para comprar una casa en Córdoba. Después de que declaré, me llevaron en una camioneta, le hicieron señas a un colectivo, yo estaba con mi señora, me llevaron a Córdoba. Después de ocho meses me andaba buscando un abogado, Alejandro Joaquín, Hugo Zajur me había dado un celular para que lo llame. Ellos me giraban 500 pesos por mes, me mandaban plata Zajur, Castaño y otra persona más”.
Por último, recordó: “Cuando les avisé por teléfono que me andaba buscando el abogado Joaquín, al otro día vinieron y me dieron 2500 pesos y una foto que tenía que reconocer.” De inmediato, el Ministerio Público solicitó que el testigo quedara en averiguación del delito de “falso testimonio” e inició una investigación contra el comisario Castaño y el policía Zajur.
La noticia que involucraba al jefe de policía de Das Neves con esta maniobra de compra de testigos y desvío de la investigación fue ignorada por Clarín y La Nación, y sólo tuvo repercusión en los medios chubutenses.
El segundo testigo que se negó a ratificar lo previamente asentado en actas fue Juan Manuel Antin. Primero dijo que había reconocido a José Domingo Segundo como el hombre que merodeaba la cuadra donde fue asesinado Espinoza, pero luego reveló que nunca había podido verle el rostro. Según dijo su padre, Juan Manuel vio a una persona de pantalón corto, sobre la vereda de la calle donde vivía Espinosa, pero no alcanzó a verle la cara; y dijo que su hijo se sentía mal y deprimido porque había inculpado a Segundo sin motivos, “acorralado” por el fiscal Nelson Menghini, cuyos instructores en el sumario eran, precisamente, Castaño y Zajur, los policías de Das Neves.
Luego de estas revelaciones, el tribunal ordenó que compareciera en el juicio el comisario Castaño, quien descargó toda la responsabilidad de los hechos (que de confirmarse harían caer toda la investigación del caso) en el fiscal Menghini, hoy retirado por problemas de salud. Al parecer, no resultó muy convincente Castaño: “el fiscal Daniel Báez investigará de oficio al actual jefe de la Policía de Chubut, tomando como base las declaraciones de los testigos apremiados”, según informó la prensa provincial, sin que la noticia haya trascendido a la Capital Federal.
Por último, si faltaba algo más a la accidentada pesquisa por la muerte de Espinoza, que tuvo 13 jueces en su etapa de instrucción, un ex comisario de la Policía Bonaerense, Juan José Galarza, se presentó en el juicio oral y dijo que Ademar Araujo no se llama así, sino Daniel Suárez Araujo, y que lo conocía porque había sido su informante en la época en que investigaba el secuestro, en 2003, de Pablo Belluscio. Según el comisario Galarza, Daniel Suárez Araujo le aportaba buena información. “Pero un día me dice: ‘tengo que viajar a Puerto Madryn a hacer un trabajo’. Se va y a los cuatro días leo que en Clarín sale la noticia del asesinato de un empresario pesquero”, precisó.
Siempre según Galarza, “cuando regresó a Buenos Aires, siguió trabajando con nosotros en el caso Belluscio, pero me comenta que zafó en Puerto Madryn, ‘casi quedo preso, vinimos con Neris, fuimos a hacer un trabajo, un hombre llegó a la casa, él le dice ‘vos, sos Cacho’ y le efectúa un disparo’, al parecer sale corriendo, en la esquina se cambia la ropa, lo agarran, declara como testigo y me dice –continúa Galarza– que se había olvidado en el hotel el documento con una foto de él pero con el nombre del hermano”.
Agregó el ex comisario, otro móvil al caso. Según le habría dicho Araujo, el “trabajo” había sido encargado por un “ex juez y un empresario del transporte de apodo ‘Pepe’ al que Espinoza le debía 10 millones de pesos”.
Otra pista, tan buena o tan mala como las existentes, después de ocho años del crimen. Tampoco esto fue noticia en los diarios nacionales.<
Informe: Federico Molina
A ver los loritos locales si revisan las fuentes antes de publicar algunas cosas de clarin y la nacion salvo que las fuentes calificadas no sean ni siquiera fuentes
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