Máximo Kirchner volvió a plantear que la deuda es un condicionante y pidió veinte años para pagar el crédito que contrajo Cambiemos. Pero el Presidente dijo que el acuerdo está cerrado. Historia de reproches cruzados por lo que se podría haber hecho y no se hizo.
Diego Genoud
@otro_periodista
Fue
Máximo Kirchner, una vez más, quien planteó la encrucijada en la que
está el Gobierno. Tres semanas después de la contundente derrota en las
primarias, el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos insistió
en remarcar los condicionamientos que afronta el oficialismo para salir
adelante, con el Fondo Monetario Internacional como acreedor
privilegiado de una deuda monumental, de 44.000 millones de dólares. “El
año que viene hay que pagar un vencimiento de 18.000 millones de
dólares y 17.000 millones de dólares en 2023. Lo firmó Macri, lo firmó
Dujovne, lo firmó Larreta. No hubo una sola discusión que uno viera en
público entre ellos. Ningún integrante de Cambiemos levantó la voz”,
dijo el hijo de la vicepresidenta durante una charla de una hora con El
Destape Radio en la que repitió varias veces la dificultad que
representa para el Gobierno hacer frente al endeudamiento externo. “El
préstamo que tomó Macri no fue invertido en nuestro pueblo y no se ve en
cuestiones básicas como más asfalto, más viviendas, no sé potenció el
sector privado tampoco. Se esfumó, ahora hay que devolverlo y devolverlo
implica dejar de invertir en nuestra sociedad. Cada dólar que se
destine al FMI es un dólar menos para nuestro pueblo”, apuntó.
A
40 días de las elecciones generales, el Gobierno aparece entre dos
fuegos: la imposibilidad de revertir el derrumbe del poder adquisitivo
más allá de los paliativos que se anuncian en campaña y la presión
devaluatoria que va generando un drenaje persistente en las reservas del
Banco Central. Con ese telón de fondo, el líder de La Cámpora se
esforzó en remarcar la responsabilidad de toda la dirigencia de Juntos y
en plantear, otra vez, la necesidad de encontrar una solución conjunta
con la oposición para hacer frente al endeudamiento con el organismo que
preside Kristalina Georgieva. “Esto no lo puede solucionar un solo
espacio político porque decide el futuro de la Argentina de acá a 10 o
20 años como mínimo”, dijo. Hasta ahí, su planteo representa a la
totalidad del Frente de Todos.
Sin
embargo, las diferencias que según Kirchner hijo no existen en la
oposición con respecto al modelo económico son fáciles de advertir
puertas adentro del oficialismo en relación a la negociación con el
Fondo. Máximo lo dejó en claro cuando dijo: “Quieren que paguemos en
diez años una deuda del FMI sideral, que va a afectar a toda la
sociedad”. ¿A quiénes se refería? ¿Quiénes son los que quieren que el
Gobierno pague en 10 años? La respuesta puede ser ambigua. El Programa
de Facilidades Extendidas del FMI, que Martín Guzmán está dispuesto a
suscribir a la espera de que aparezca uno nuevo, no le permite a la
Argentina pagar en un plazo de 20 años como pretende el cristinismo.
Pero el ministro de Economía está entre la espada y la pared: enfrenta
la resistencia del ala que se referencia en la vicepresidenta y no
dispone de otra alternativa para un país sobreendeudado como el que dejó
Macri. Un nuevo esquema como el que anhela el jefe de La Cámpora
depende de un cambio que parece de lo más lejano, más aún cuando
Georgieva soporta por estas horas una ofensiva de sus detractores y un
proceso de cuestionamientos internos que siembran interrogantes sobre su
futuro.
“La
Argentina lo conoce y lo ha vivido muchas veces. Son diseños económicos
que poco tienen que ver con la realidad argentina y que siempre han
fracasado. Yo espero que el FMI haya aprendido de los fracasos que ha
tenido en nuestro país y el tiempo necesario. Muchas veces se escucha
que nuestra propuesta es infantil pero la verdad que lo que es infantil
es defender que se abonen en 10 años esa suma sideral con la deuda
interna que tenemos en Argentina y no solo con los que están hundidos en
la marginalidad o en la pobreza”, dijo Máximo.
Según
sus propias declaraciones, Guzmán acuerda con esas definiciones. Sin
embargo, la estrategia de salida choca con la del cristinismo en más de
un aspecto. La primera diferencia se hizo pública en abril pasado,
cuando el ministro pretendió avanzar con la reducción del sistema de
subsidios pro-ricos que, según su definición, el gobierno del que forma
parte mantiene vigente desde hace casi dos años. La segunda la dejó en
claro la propia Cristina, con la carta postderrota en la que cuestionó
“ajuste” que se llevó adelante durante la primera parte del año:
ejecutado por Guzmán, que insiste en decir que se trata de de “reducción
del déficit fiscal”, incluyó la reducción del gasto COVID en plena
pandemia y la licuación de jubilaciones y salarios estatales. La tercera
discrepancia está en el acuerdo con el Fondo que el ministro propició y
el ala política del Frente de Todos vetó pero sigue pendiente.
Según
declaró el presidente Alberto Fernández este lunes, el acuerdo con el
Fondo ya está cerrado y al Gobierno le conviene que Georgieva -con la
que habló en las últimas horas- siga en su puesto. Guzmán tiene previsto
viajar a Washington el lunes que viene para participar de la reunión
anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, entre el 11 y el 17 de
octubre, en un contexto de lo más delicado para Georgieva. La amable
interlocutora de Guzmán atraviesa un proceso que amigos suyos como
Joseph Stiglitz acaban de definir como “un intento de golpe”.
En la mira
Tal como contó hace diez días elDiarioAR,
la directora del FMI enfrenta la denuncia motorizada por el nuevo
presidente del Banco Mundial, David Malpass, por supuestas
irregularidades para beneficiar a China durante su gestión en el
organismo, en el año 2018 y bajo el programa Doing Business.
Malpass
fue economista jefe del banco Bear Stearns durante 15 años y trabajó
para las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush, pero se
consagró en la militancia en favor de Donald Trump, quien lo propuso
para su cargo actual. El titular del BM contrató al estudio de abogados
Wilmer Hale para darle sustento a su ofensiva y logró alinear detrás
suyo a actores de muchísimo peso que recelan del protagonismo de
Georgieva. En línea con The Economist, que exigió la renuncia de la
búlgara la semana pasada con un editorial, se posicionan importantes
fondos de inversión de Wall Street y el ex número dos de Christine
Lagarde, David Lipton, quien fue decisivo para que el Fondo violara su
propio estatuto con el préstamo a Macri y ahora pesa en el Tesoro de
Janet Yellen.
Guzmán,
que hasta hace poco era señalado por sus detractores como un
funcionario que seguía en su puesto gracias a Georgieva, ahora ve cómo
la que tambalea es la jefa del Fondo: esta semana
puede ser decisiva para su continuidad. Mientras el ministro de
Economía y el director argentino por el Cono Sur ante el organismo,
Sergio Chodos, buscan colaborar con Georgieva para que salga con vida de
las denuncias en su contra, el cristinismo se declara prescindente de
la disputa global y apunta sus cañones contra el Fondo. El antecedente
es el de la propia Lagarde, que durante su gestión enfrentó un juicio y
en 2016 fue condenada por su actuación como ministra de Finanzas de
Francia. La actual presidenta del Banco Central Europeo había sido
denunciada por “negligencia” en relación con un pago de 400 millones de
euros (445 millones de dólares) concedido por el Estado francés al
empresario Bernard Tapie en 2008. En esa oportunidad, el directorio del
Fondo la respaldó desde el primer momento y la sostuvo en su puesto.
Con
la guillotina de la deuda como condicionante, el debate en el Frente de
Todos no se restringe al futuro sino que obliga también a una
retrospectiva en la que no todos sostienen la misma posición. Mientras
Kirchner hijo cuestiona a Juntos por haber respaldado la firma de una
hipoteca de 57 mil millones de dólares -44 mil se hicieron efectivos-,
en el equipo económico apuntan a la pasividad del propio kirchnerismo
durante el proceso de cuatro desembolsos que se le entregaron a la
Argentina durante el gobierno de Macri. Puertas adentro, sostienen que
ese préstamo fenomenal -que hoy es para muchos el principal problema del
Gobierno- hubiera merecido la convocatoria a movilizaciones como las
que bajo Macri provocaron el 2x1 de la Corte Suprema a favor de los
represores de la última dictadura o las jornadas de diciembre de 2018,
contra la reforma previsional.
Con
el aval de su experiencia junto a Stiglitz, Guzmán aterrizó a último
momento como ministro de Fernández y decidió también él una línea de
acción que por estas horas le cuestionan desde las consultoras del
mercado y en la heterodoxia gobernante. Avanzó primero en la
reestructuración de la deuda con los fondos de inversión sin
intervención directa del FMI pero con una extraña tutela que ejerció el
organismo. Para vetar un pago todavía mayor a los acreedores, Georgieva
utilizó el término acuñado por Guzmán -la “sostenibilidad” de la deuda- y
hasta apareció como el actor que fijaba hasta dónde podía ceder el
Gobierno en su pulseada con los bonistas.
Ese
peligroso uso del Fondo que hizo el ministro de Economía en una batalla
que lo encontró demasiadas veces en soledad le permitió al organismo
que había sido corresponsable del préstamo lavarse la cara en tiempo
récord. Primero la ausencia de una guía de acción que contemplara la
movilización social y después la pandemia, dejaron la discusión sobre el
endeudamiento en una mesa de burócratas enviados por Washington. En
septiembre empezaron a pegar fuerte los vencimientos de deuda, que el
Gobierno pagó con el regalo del cielo de los Derechos Especiales de
Giro, pese a la queja de los senadores del FDT. El 22 de diciembre,
Economía tendrá que ordenar otro desembolso equivalente. Para ese
momento, Guzmán espera tener firmado el acuerdo y encaminada su
aprobación en el Congreso y el aval del directorio del Fondo. De la
querella criminal por el endeudamiento que el Presidente anunció en
marzo pasado en la apertura de sesiones ordinarias, ya nadie se acuerda.
DG/WC (gentileza de rambletamble.blogspot.)
