Clarín parece hoy un boletín interno del Pentágono

Puede que suene reiterativo, pero es que día a día Clarín es capaz de sorprender aún repitiéndose. Su capacidad de superación en los niveles de cipayismo inevitablemente llama la atención.

Ayer señalábamos eso con relación al avión norteamericano que fue decomisado por intentar traer al país mercancía ilegal: tanto Clarín como La Nación parecían voceros del gobierno yanqui y solo faltaba que la misma edición viniera en inglés para ser, directamente, el Washington Post.

Hoy, mientras el diario de los Saguier-Mitre titula en tapa que hay una "grave escalada en el conflicto con EEUU" por ese tema, lo que suena bastante exagerado y propio de un diario sensacionalista (cualquier desprevenido podría pensar que estamos ¡al borde de una guerra!), pero haciendo hincapié en las acusaciones vertidas por la Cancillería argentina, la dupla Noble-Magnetto se hace eco del Departamento de Estado yanqui y titula que están "perplejos y preocupados..."

El artículo de Ana Barón parece un boletín interno del Pentágono, digno de figurar -si fuera secreto- en Wikileaks. Directamente reproduce las quejas de varios funcionarios norteamericanos y no cita una sola vez, siquiera, los argumentos de la Cancillería ni de los funcionarios argentinos.
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En Tanto página12

Cada cual atiende su juego

Luego de varios días de silencio, el gobierno de los Estados Unidos elaboró una estrategia de control de daños en el escándalo del avión de su Fuerza Aérea que intentó desembarcar en la Argentina armas, equipos sofisticados de comunicación, software de seguridad y drogas narcóticas y estupefacientes que no habían sido declarada
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EE.UU perplejo por el deber de respetar la Ley en Argentina

Funcionarios estadounidenses elevaron el tono de la controversia. Timerman ratificó que en la aeronave había equipos sensitivos no declarados e instó a los EE UU a disculparse. En agosto, la embajadora canceló un vuelo por la misma razón.

El fuerte cruce diplomático con los Estados Unidos, a partir de un avión militar que aterrizó el jueves pasado con material no declarado previamente, subió ayer un nuevo escalón. Desde Washington, el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo que su país está “perplejo y preocupado” por el “inusual registro” que llevó a las autoridades argentinas a secuestrar cerca de 1000 pies cúbicos de armas, drogas y equipamiento complejo. Y pidió la devolución de lo incautado. Más tarde, el funcionario Arturo Valenzuela, jefe de esa oficina para la región, se volvió a quejar por las “formas” pero admitió que pudo haber discrepancias entre los artículos documentados y los que, finalmente, trajo la nave.
El ministro Héctor Timerman, por la noche, en una entrevista con CNN, informó que la Argentina no va a devolver el cargamento secuestrado y le exigió al gobierno de Barack Obama un pedido de disculpas.
La justicia argentina, por si fuera poco, se hizo eco del escándalo. El juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada le pidió ayer a la Aduana “con carácter de urgente” datos precisos sobre el cargamento incautado durante el procedimiento en el aeropuerto de Ezeiza (ver aparte).
El secuestro de armas, drogas y otros equipos “con información calificada como secreta” no declarados en la documentación original, firmada por autoridades del gobierno argentino y de los Estados Unidos, ya había generado el anuncio de que la Casa Rosada protestaría ante Washington por el “material sensitivo” que fuera intervenido. La carta con la “enérgica protesta” se formalizó en las últimas horas de ayer. Allí, el canciller argentino Héctor Timerman le subraya a la embajada en Buenos Aires que ninguna de las respuestas que dio hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos fue “satisfactoria”.

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Diputado Nacional Alfredo olmedo y sus 230 mil hectareas

Una fortuna hecha de favores fiscales

Informe: Gabriel Morini

La concesión de las tierras se aprobó durante la gobernación de Juan Carlos Romero. Hoy están en gran parte desmontadas para producir soja. La empresa del candidato a gobernador apoyado por el PJ disidente y el PRO incumplió las mejoras exigidas en la cesión.

El diputado Alfredo Olmedo le debe gran parte de la fortuna que hoy gasta en su campaña proselitista para la gobernación...nota completa

Senadora Nacional Negre deAlonso no es intolerante o si?..

twiterdenegredealonso
De profesión abogada, Negre de Alonso se desempeño como jueza en la ciudad de Villa Mercedes entre 1981 y 1983. Su incursión en política se intensificó en la década de 1990, a partir de su cercanía política con los hermanos Rodríguez Saá. Durante los sucesivos mandatos de Adolfo Rodríguez Saá (1983-2001) Negre de Alonso ocupó distintos cargos, desempeñándose como Fiscal de Estado de San Luis entre los años 1996 y 1998. En 1999 fue candidata a Diputada Nacional en segundo lugar por el Partido Justicialista de San Luis. En 2001, fue elegida como Senadora Nacional, cargo que renovó en 2005 y que ocupará hasta 2011.
Negre de Alonso se ha alineado políticamente dentro del peronismo disidente estrechamente ligada con los Rodriguez Saa. Es Católica y del Opus Dei y participa de manera activa en organizaciones internacionales por la defensa de la familia natural y Conservadora. Es presidenta de la agrupación “Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia”.
masdenegredealonso

Dhualde+Momo Venegas=Trabajo esclavo

Mientras Dhualde junto al Momo exhultante manifestaba "La libertad de Gerónimo Venegas es la derrota de quienes toman la intimidación y la ilegalidad como su modo de hacer política y reafirma nuestra indeclinable decisión de cambiar definitivamente este estilo inaceptable de gobernar"..la CGT emitía un comunicado adhiriendo a la Libertad del sindicalista que hace negocios con la precarización laboral..Junto a la Mesa de enlace Rural,acusando al gobierno de estar detrás de la detención del MOMO VENEGAS,y ahí la pregunta..Por que no hicieron tanto ruido cuando lo detuvieron a zanola por la mafia de los medicamentos '?..quizás por que se desnuda una seria crisis en el sindicalismo argentino en cuanto a la precariación laboral,salvo el gobierno desde sus instituciones como la AFIP se atrevió a darle luz a como son tratados los peones rurales,y no desde el sindicato que dirige el propio MOMO Venegas,quien no debería estar un minuto más al frente del sindicato sin embargo salen crispados de la mano de la mesa rural a atacar al gobierno y a los jueces que actúan..pero nada dicen de sus propias intimidaciones ilegales ,o quizas Kosteki y Santillan eran afganos y no argentinos que estaban al frete de comedores escolares cuya hambre trataban de mitigar lo producido por loa década infame de los noventa que ellos ayudaron a construir..Que lejos que quedo el sentimiento de peron y Evita en estos hombres que no se ponen colorados a la hora de someter a trabajadores al esclavismo puro-Vergüenza de que haya argentinos entre nosotros de la talla de estos gerentes escudados en sindicalistas.A modo de ejemplo lo invitamos a recorrer esta nota de l periodista Carlos Romero de la revista veintitres..
Afiliación esclava

Por Carlos Romero

La Federación de Agrupaciones Peronistas es la estrucura con la que Venegas busca apoyos para el proyecto “Duhalde 2011"

Denuncias y testimonios exclusivos de la adhesión forzosa de trabajadores del campo al proyecto electoral duhaldista. Las pruebas del nuevo escándalo.

En su edición anterior, una investigación de esta revista puso en evidencia la serie de pactos sindicales, empresariales...

Dhualde estas nerviosho?

Por Carlos Romero
Bungard SA realiza la auditoría médica de OSPERA, la obra social de UATRE. En Comodoro Py admitieron que se la está investigando en la causa. Es parte de las firmas que el sindicalista armó para tercerizar servicios para los afiliados.

En poco tiempo, el sindicalista Gerónimo Venegas podría pasar de ser uno de los principales aliados de Eduardo Duhalde en sus aspiraciones electorales, a convertirse en una “mochila de plomo” para el proyecto político del ex intendente de Lomas de Zamora. Y ya no sólo por las escandalosas denuncias de “trabajo esclavo” que vienen salpicando al “Momo” Venegas, quien hace más de una década está al frente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La reciente detención del sindicalista en la causa por la llamada “mafia de los medicamentos” amenaza con dejar en evidencia la serie de vínculos societarios que permiten unir a OSPRERA, la obra social de la UATRE investigada por la justicia, con Duhalde.
La clave de este entramado es la compañía Bungard SA, cuyo nombre figura en el expediente que tiene entre sus manos el juez federal Norberto Oyarbide. En textuales palabras de las fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino, “esta empresa no sólo figura en la causa, sino que está siendo investigada”.
La importancia de Bungard radica en que es la sociedad anónima encargada de realizar las auditorías médicas en OSPRERA, tanto en lo que respecta a la entrega de productos medicinales como a la autorización de prestaciones para los pacientes. Quienes conocen el funcionamiento interno de la obra social de la UATRE aseguran que en ese rubro el poder de decisión de Bungard es absoluto.
Fundada en febrero de 1998 y con oficinas en el segundo piso de Tucumán 423, Bungard es parte del universo de empresas que Venegas fue disponiendo en torno al funcionamiento de su gremio, con el fin de tercerizar servicios para los afiliados.
En enero pasado, la asamblea general de Bungard ratificó en los puestos de presidente y director suplente a Miriam Ethel García y Miguel Ángel Muro, respectivamente. Ambos ejecutivos habían sido designados en esos cargos allá por abril de 2008. En el caso de García, seguir sus actividades en otras empresas permite ver el sistema de relaciones que Venegas dispuso para manejar las operaciones surgidas alrededor de la UATRE. De igual manera, en esas sociedades comienza el puente que conduce hasta Eduardo Duhalde.
Además de dirigir la firma que audita a la obra social de los trabajadores rurales, García es socia de Elba Araceli de Robles, la presidenta de Gregard SA. Esta compañía no sólo comparte con Bungard el hecho de que sus nombres suenan parecidos, sino que también fue contratada por el Momo.
Gregard se ocupa de realizar tareas de fiscalización e inspección, entre ellas, de las condiciones en que las agropecuarias contratan a los empleados rurales en el campo argentino. Esta función le fue delegada por los directores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), un ente autárquico no estatal que hoy preside Venegas y donde su sindicato comparte la conducción con las mismas cuatros patronales chacareras reunidas en la Mesa de Enlace.
En 2001, las presidentas de Bungard y de Gregard crearon dos sociedades anónimas. La primera de ellas, Romitel SA, para desempeñarse en una amplia franja de actividades, desde negocios de tipo inmobiliario hasta el cultivo de soja, la cría de animales e incursiones en el rubro textil. La segunda de sus operaciones conjuntas fue Vieja Granja SA, dedicada principalmente a la apicultura y a la elaboración de productos a base de miel. Vieja Granja concentra sus actividades en la localidad bonaerense de Necochea, el “pago chico” de Venegas, donde el líder de la UATRE comenzó a transitar el camino que lo llevaría de ser un estibador portuario a ganar la conducción del gremio de los peones rurales y consolidarse en el tiempo.
Para completar el cuadro de relaciones cruzadas, de Vieja Granja es director Matías Ciccimarra, ladero de De Robles en otros emprendimientos y uno de los socios fundadores de Trivio SA, otra de las firmas en que Venegas y la Mesa de Enlace delegaron funciones en el marco del RENATRE. Trivio brinda servicios de asesoría administrativa y, en lo puntual, se ocupa de aplicar y cobrar las ocasionales multas que pueda disponer Gregard.
Pero las coincidencias de nombres y sociedades compartidas no se agotan aquí. De hecho, se vuelven más interesantes, sobre todo con las revelaciones que aporta la detención del Momo en la causa por “la mafia de los medicamentos”.
Sucede que así como De Robles es socia de quien dirige la empresa que el juez Oyarbide investiga en ese expediente, también estuvo vinculado al propio Eduardo Duhalde y de su esposa, Hilda Beatriz González, más conocida como “Chiche”.
En 2007, De Robles y quien la acompaña en el directorio de Gregard, Leonardo Lavanda, asumieron la conducción de Finca Las Casuarinas SA. Lo hicieron para remplazar en esos cargos al matrimonio Duhalde, que los había ocupado desde julio de 2004.
Nacida en 1999, Finca Las Casuarinas fue la sociedad a través de la cual los Duhalde administraron la quinta de igual nombre que se encuentra ubicada en la localidad de San Vicente.
Además de ser uno de los bunkers políticos elegidos por el jefe del PJ disidente, la estancia también fue un lugar de esparcimiento para él y su familia. En 2005, el predio fue el escenario donde tuvo lugar la fiesta de casamiento de la hija menor de Duhalde.
Actualmente, como muestra del entendimiento entre Venegas y su padrino político de toda la vida, los mismos directivos de Finca Las Casuarinas continúan al frente de Gregard. Allí cumplen aquellas supuestas funciones de fiscalización, a pesar de que las estadísticas oficiales señalan que el 75% de los empleados del campo son víctimas del trabajo ilegal.
En cuanto al plano de lo judicial, sólo el proceso que lleva adelante el juez Oyarbide y su equipo determinará si esta “novela” de relaciones societarias que, en parte, hoy le quita el sueño a Venegas, también puede preocupar a Duhalde.notadetiempoargentino

Alfredo Olmedo Legislador por Salta Somos Todos ,hombre de Macri y de Dhualde trata a sus obreros como esclavos

Como estas noticias no son reflejadas por el comun demoninador de los portales locales y del monopolio de los Mitre (La Nación) y de la Señora Noble y Magnetto (Clarin) nosotros la compartimos con usted .=
Por Catriel Etcheverri
El legislador, que propuso la reinstauración del servicio militar obligatorio y un toque de queda juvenil, mantiene “en condiciones infrahumanas y de hacinamiento” a 300 trabajadores, entre ellos varios menores de edad.

La AFIP realizó el miércoles pasado un nuevo operativo para detectar situaciones de trabajo esclavo. Esta vez la pesquisa no se concentró, como en casos anteriores, en predios explotados por grandes multinacionales extranjeras. Por el contrario, fue realizada en la finca de un diputado nacional
En la explotación agropecuaria perteneciente a Alfredo H. Olmedo, legislador por el partido Salta Somos Todos y candidato a la gobernación de esa provincia, se verificaron situaciones irregulares que bien podrían calificarse de semiesclavitud. Así se desprende del memo que la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior remitió a la Dirección Regional San Juan y al que tuvo acceso Tiempo Argentino.
El campo del candidato respaldado en Salta por Eduardo Duhalde y Mauricio Macri para enfrentar en las elecciones el próximo 10 de abril al actual gobernador Manuel Urtubey, tiene una superficie de 950 hectáreas, de las cuales 800 están destinadas a la explotación olivícola.
Con el auxilio de la Policía Federal, 21 agentes de la AFIP llegaron a la finca ubicada en el kilómetro 409,5 de la Ruta 38, en La Rioja, y detectaron que los trabajadores temporarios contratados para la cosecha no sólo estaban soportando condiciones de “vida infrahumanas” sino que había varios menores de edad entre ellos.
Los cerca de 300 trabajadores vivían en un campamento. La contadora Laura Bologna, encargada de elevar el memo a las autoridades regionales de la AFIP, señaló que “al llegar al lugar, las imágenes fueron contundentes: nos encontramos con aproximadamente 120 carpas armadas en dos sectores. Son de nylon blanco y se encuentran pegadas una al lado de la otra (…) En el interior de las carpas había tres pallets de madera sobre los que duerme la gente. También allí guardan la comida, lo que hace que en el lugar existan moscas y otros insectos, además de observarse condiciones de higiene preocupantes por los líquidos estancados en los pasillos que separan las líneas de las carpas, lo que produce presencia de insectos y olores nauseabundos.”
El relevamiento de la AFIP detectó además que los 300 trabajadores contaban con apenas “12 baños-letrinas de material PVC en estado calamitoso de higiene”, sólo 20 duchas, y “la gente manifestó que los pozos y duchas están tapados con aguas anegadas que fluyen de los mismos”.
Otras 33 personas (entre los cuales había tres menores de edad) eran obligadas a vivir en una precaria vivienda “en condiciones infrahumanas y de hacinamiento, ya que se constató que duermen en el suelo sobre cartones, en dos habitaciones y un garage, con un solo inodoro en condiciones de higiene deplorables”. Durante el relevamiento se constató además que la vivienda no tenía ventanas ni cocina, razón por la cual tenían que cocinar sus alimentos con fuego en el piso.
Los inspectores detectaron que eran obligados a realizar largas jornadas de trabajo. Aunque aseguraron que comenzaban su rutina laboral muy temprano por la mañana, la AFIP pudo constatar que a las 20 horas las tareas de cosecha de aceitunas seguía. “Explicaron que trabajan en horarios intensivos porque la paga es por cajón”, indica el informe final. La explotación del diputado Olmedo cuenta además con beneficios de promoción agrícola del gobierno de la provincia de La Rioja.
Olmedo es conocido en Salta por contratar espectáculos musicales de reconocidos artistas para sus actos, de modo de atraer una mayor cantidad de público, además de sortear motos, camionetas y viajes, y regalar gorros y remeras amarillas con su foto y, precisamente, frascos de aceitunas de su propia finca.
El diputado salteño cobró mayor notoriedad pública a nivel nacional el año pasado, durante el debate en torno al matrimonio igualitario por sus declaraciones homofóbicas. El candidato de Duhalde y Macri es además el autor del polémico proyecto de ley para reinstaurar el servicio militar obligatorio como una forma de combatir la delincuencia, proyecto que, aseguró, intentará darle un nuevo impulso este año.
Semanas atrás adelantó además que en marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias en el Congreso, presentará un nuevo proyecto de ley de su autoría, esta vez para instalar un toque de queda juvenil. “Hay que actuar sin anestesia”, dijo en recientes declaraciones periodísticas, y continuó: “La base del problema es la familia, que está destruida y la juventud, que tiene la cabeza dada vuelta.” El objetivo es que los menores de edad no puedan circular solos en la vía pública después de las 22. “Si son encontrados, la policía deberá demorarlos hasta que los padres los busquen en la comisaría.”

Diputado Nacional Sciutto y Legislador Marinello hacen lobby para Braun Chile

Si éste no es el lobby el lobby donde está

Veamos la noticia del cronista del diario provincia 23,que omite que somos provincia y habla nada más que de una Isla-
Río Grande.- Ayer el legislador Fabio Marinello difundió a los medios el trabajo conjunto que decidió llevar adelante con el diputado Rubén Sciutto para resolver los inconvenientes del traslado terrestre de los fueguinos cuando salen y regresan a la isla.
“Tuve la visita formal del diputado nacional Rubén Sciutto, preocupado y planteando la posibilidad no sólo de encarar un trabajo conjunto, no sólo con el Presidente de la Legislatura sino también con algún otro legislador, escindiéndonos un poco de la cuestión partidaria y política”, explicó a FM La Isla.
Recordó que “este año quedó claro de la manera más cruda lo que es la realidad de los ciudadanos de Tierra del Fuego, que tienen que transitar por un montón de peripecias”, en función de lo cual decidió “transmitir al diputado todo el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno, desde las áreas respectivas, la Secretaría de Relaciones Internacionales con la licenciada Lavori, el director de fronteras Octavio Simón, y los pequeños pasos que se fueron dando para que se agilice un poco el tramiterío”.
Apuntó que “hay cuestiones que escapan a la política provincial, que tienen que ver con organismos nacionales. Por eso hemos decidido hacer este trabajo conjunto con el diputado, porque él por ahí tiene la posibilidad de acceder a determinados organismos nacionales, que van a permitir que empecemos a encontrar salida”, valoró Marinello.
Entre las gestiones en las que piensa avanzar, citó la posibilidad de “empezar a tener las aduanas juntas, tanto en San Sebastián como en Monte Aymond, la charla que tuvimos con la gente de la Transbordadora Austral Brown. Si todo va bien, el verano que viene vamos a tener otra balsa más y la posibilidad de que esté cruzando las 24 horas”, celebró.
“Vamos a tratar de coordinar políticas y acciones que permitan que el año que viene podamos agilizar los trámites, tener algunos kilómetros más de asfalto que Chile se comprometió a hacer, el tema de la balsa, la posibilidad de unir las Aduanas. Todo requiere de un trabajo en conjunto, saliéndose de la cuestión partidaria y viendo cómo le solucionamos la vida a la gente”,.

Y el cruce por el nuestro paso propio?....haciendo lobby para la Balñsa Chilena Braun (sociedad rural chilena -Argentina) pero por el cruce por aguas argentinas que el proyecto está desde hace veinte años a la fecha nada hablan estos dirigentes o quizas tienen intereses en el lado Chileno ,y por eso el lobby ,en fin la verdad que creen que ademas somos todos boludos y publican notas en diarios como si de verdad se preocuparan por todos nosotros y les protegen los negocios a la sociedad rural Argentino-Chilena-

La Nación “inventa” una falaz acusación de EE UU al gobierno argentino con los cables de WikiLeaks

El diario de Mitre anuncia una supuesta noticia que luego no se menciona en la nota y la convierte en la tapa de su edición de ayer. El de Noble también se suma a la publicación de un cúmulo de sospechas, opiniones y conjeturas.

El intento de periodismo que hacen La Nación y Clarín sobre determinados temas naufraga y cae directamente en el ámbito de lo bochornoso. ¿Hasta dónde se puede llegar para manipular una noticia, o lo que es aun peor, generar un supuesto hecho noticiable donde no lo hay? Uno de los peores recursos utilizados es titular con supuestas noticias que nada tienen que ver con el desarrollo de la nota. Se pasa del anuncio rimbombante a la enunciación tibia, al dato inexistente o dudoso, al abuso de supuestas fuentes off the record, a la conjetura, la hipótesis, hasta caer finalmente en la falacia pura y simple.
Es el caso de la tapa de La Nación con respecto a unas nuevas filtraciones del sitio WikiLeaks: “Grave acusación de EE.UU. por la corrupción en el país”. En los puestos de diarios, un lector que no compra La Nación o un transeúnte circunstancial podría interpretar, al leer el título sin la nota, que algún funcionario norteamericano o hasta el presidente de ese país efectuó declaraciones condenando la supuesta “corrupción en el país”. Podría ser un comunicado oficial, quizás. La conjetura está plantada desde el principio. En la volanta, de la “grave acusación” se pasa a otra instancia: “En informes diplomáticos aparecen sospechas sobre funcionarios y jueces; se mencionan supuestos casos de coimas y las inversiones inmobiliarias de los Kirchner; entre los involucrados figura De Vido”. Entonces, de la “grave acusación” se pasa a las “sospechas”. Ya en el interior de la nota, se espera en algún párrafo la acusación que menciona el diario de Mitre en el título. En el encabezado no se menciona la supuesta acusación: “Cien cables con sospechas. Según una nueva serie de documentos diplomáticos confidenciales revelados por el sitio WikiLeaks y difundidos ayer por el diario español El País, los informes que la embajada norteamericana en Buenos Aires enviaba a Washington reflejaban serias dudas acerca del interés del gobierno argentino por perseguir hechos de corrupción y consideraban que, cuando llegaban a la justicia, los escándalos se convertían en causas ‘interminables’ y ‘languidecientes’”. Otra vez las sospechas, sin la grave acusación hecha explícita. Tal vez, en los cables de WikiLeaks publicados por el diario español El País y “levantados” por La Nación y Clarín, figura el nombre de una fuente confiable. Lo más aproximado es lo siguiente: “Entre los documentos publicados, uno de los más extensos es el cable 197.817, firmado el 19 de marzo de 2009 por Wayne, que analiza la ley 26.476 de blanqueo de capitales, vigente desde ese mismo mes, y comunica críticas lapidarias sobre la capacidad operativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que el gobierno de Cristina Kirchner había postulado como garantía de la transparencia de los capitales repatriados. Tras mencionar las prevenciones que la norma generó entre banqueros argentinos y los organismos internaciones de lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico, la embajada planteó sus precauciones a través de la opinión de dos ‘expertos legales’”. No se menciona la identidad de estos “expertos”. El diario de Mitre también menciona a un tercer “experto fantasma”, el cual da su apreciación sobre la ley de blanqueo de capitales: “Aunque su nombre fue borrado del cable, la embajada cita a un tercer experto ‘que trabajó de cerca con la UIF’ y otros organismos similares de rango internacional. La fuente también sostuvo que la ley no era mala, pero dudó de la facultad de control de la UIF: ‘No tiene la capacidad de investigar como se debe todos los casos, interpretó el experto, a tono con la opinión lapidaria de uno de los abogados consultados: ‘La UIF es una organización disfuncional, incapaz de analizar o investigar los reportes de actividades sospechosas’.” Ni siquiera las fuentes sin identificar sostienen mínimamente las conjeturas que trata de imponer La Nación. Hipótesis, opiniones, especulaciones, sospechas. En resumen, una mentira total: no hay acusación de los EE UU, ni siquiera “acusaciones” a secas. Tampoco datos. Hay fuentes sin identificar que, por otra parte, no sostienen el discurso acusatorio de La Nación. En suma, nada.
Clarín titula en la página 6: “Para EE.UU., no hay ‘voluntad política’ para frenar la corrupción”. La nota del diario de Noble también es un cúmulo de sospechas y especulaciones. www.elargentino.com

Clarín ocupa los estudios de Canal 13 hace 16 años y Macri lo protege

Hace más de un año que el macrismo dilata un simple trámite burocrático
Por Hernán Cocchi
El gobierno porteño frena la escrituración de los terrenos que pertenecen al Estado Nacional, ubicados en el barrio de Constitución. Gracias a un decreto del menemismo, el grupo monopólico usa gratis el edificio desde marzo de 1995.

Canal 13 ocupa un terreno público y Mauricio Macri lo protege. Hace más de un año, el gobierno porteño retrasa en beneficio del Grupo Clarín la escrituración del predio donde funcionan los estudios centrales de la señal privatizada en 1989 y de Todo Noticias. Gracias al ex secretario de Medios del gobierno de Carlos Menem, Guillermo Seita, el grupo monopólico utiliza desde 1995 los 2792 metros cuadrados sin pagar un solo peso de alquiler. Los terrenos pertenecen a la Nación, pero nunca fueron escriturados, un requisito imprescindible para transferirlo a un privado. El derrotero del trámite comenzó en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, luego fue girado a la Secretaría Legal y Técnica, que lo remitió a la Procuración General a cargo de Ramiro Monner Sans. En la Casa Rosada afirman que el funcionario “tiene pisado” el expediente. Por su parte, Monner Sans dijo a Tiempo Argentino que “fue devuelto hace más de seis meses al organismo que lo envió”. En concreto, la escritura nunca se firmó y Canal 13 continúa como un “ocupa” en Constitución.

La historia comenzó durante la última dictadura militar. En 1978, el brigadier Osvaldo Cacciatore –el represor que tuvo a su cargo la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires– lanzó el Plan de Autopistas Urbanas. El 6 de diciembre de 1980, la Autopista 25 de Mayo fue inaugurada con bombos y platillos. El progreso había llegado, pero ese “progreso” tiene sus costos: deuda externa, sobreprecios y familias desalojadas. El trazado implicaba expropiar terrenos en los que estaban construidas viviendas particulares y varios predios pertenecientes al Estado. En compensación, la municipalidad le cedió algunos lotes al gobierno nacional.

En plena vorágine privatizadora, el Grupo Clarín se quedó en 1989 con el canal y sus estudios. El pliego entregaba en comodato el terreno por cinco años con opción de compra. El 7 de octubre de 1994, ARTEAR (la empresa del multimedios que gestiona la licencia de Canal 13) comunicó al Estado su voluntad de conocer el valor del inmueble. Entonces, el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Tribunal de Tasaciones establecieron que la propiedad costaba $ 2.100.000. Para Magnetto, el precio fue muy alto y ordenó a sus abogados impugnar la tasación realizada por los organismos oficiales. El procedimiento se repitió en varias oportunidades: se valuaban los terrenos y la empresa rechazaba el valor.

El beneficio para el multimedios es millonario. Según especialistas en el mercado inmobiliario, el alquiler de un terreno limpio (esto significa que no está contemplado el edificio construido) en esa zona, ronda los 30 pesos por metro cuadrado. Los números son abrumadores: $ 83.760 por mes, $ 1.005.120 por año y $ 12.061.440 desde marzo de 1995. Vale reiterar la aclaración: los valores son por el terreno, sin contemplar el edificio que ya había sido construido antes de la privatización.

El 12 de noviembre de 2009 a las 14, los representantes de ARTEAR debían presentarse en la Escribanía General del gobierno de la Nación para hacer efectiva la opción de compra de los terrenos de Cochabamba 1185. Pero un simple trámite burocrático entre la Ciudad y la Nación frenó la operación.

El “comodato con opción de compra” venció el 12 de enero de 1995, pero gracias a una resolución de la Secretaría de Medios del menemismo el multimedios cuenta con el extraño beneficio de usar gratuitamente un predio valuado el 16 de septiembre de 2009 en $ 14.740.000. Las nuevas condiciones eran por demás laxas: la resolución firmada por Seita estableció una prórroga del comodato “hasta que culmine el trámite de opción”, lo que implicaba que hasta que el Estado llegue a un acuerdo con ARTEAR, la empresa seguiría ocupando el inmueble.

El 2 de diciembre de 2009, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, envió una nota a Mauricio Macri en la que se lo intimaba a acelerar el trámite de escrituración pendiente desde 1978, pero el jefe de gobierno respondió que se tomaría su tiempo.